Madrid, 22 abr (EFE).- El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha planteado la transferencia del ingreso mínimo vital (IMV) a las comunidades autónomas para ampliar el número de beneficiarios, así como vigilar que su compatibilidad con el trabajo funciona.
Durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, De la Fuente ha considerado que cuando se creó en 2020 habría sido más lógico que llegara para complementar las rentas autonómicas que existían, estableciendo mínimos estándar.
"El IMV debería ser gestionado por la administración que está en mejores condiciones para gestionarlo, que no es la Seguridad Social, sino las comunidades autónomas, para identificar y encontrar a posibles beneficiarios", ha dicho.
Y ha añadido que "los que tienen una mayor probabilidad de llegar a ellos son los que gestionan los servicios sociales y los servicios públicos de empleo", para que puedan incorporarse mejor al mercado laboral.
En este sentido, ha señalado que es necesario vigilar que esa compatibilidad de la prestación con el empleo funciona y que el hecho de poder perderla al mejorar la renta supone un desincentivo para trabajar.
"Hay que ver si la compatibilidad funciona. (...) Si no, habría que buscar solución diferente, como establecer un tipo marginal inferior al 100 %, es decir, que te quiten una parte de lo que ganas adicional pero no el 100 %, así como un endurecimiento de los requisitos de búsqueda activa de empleo", ha dicho.
Asimismo, ha pedido utilizar para el cálculo de la prestación la misma lógica que para el del umbral de la pobreza, así como eliminar las ayudas finalistas como el bono social integrando esos recursos en el sistema del IMV. EFE
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