
La propuesta del Partido Popular para la comisión de investigación en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz incluye el análisis detallado de todas las comunicaciones y decisiones tomadas durante los días del siniestro, así como la solicitud de expedientes relacionados con las obras en el tramo afectado. Además, el grupo ha solicitado acceder a las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en el uso de fondos comunitarios, junto a los informes enviados a los juzgados acerca de presuntos contratos amañados dentro de Adif y documentos que avalen los cambios implementados en los límites de velocidad en la red ferroviaria. Según informó el medio, estas exigencias forman parte de un plan de trabajo que contempla un enfoque exhaustivo sobre la gestión y supervisión de la infraestructura ferroviaria en el periodo relacionado con el accidente.
De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presentó este viernes el cronograma y el alcance de la investigación, subrayando la convocatoria de comparecencias clave por parte de las máximas figuras responsables del sector en los últimos años. Alicia García confirmó que la comisión llamará a declarar al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a sus predecesores Raquel Sánchez y José Luis Ábalos. Además, se prevé la citación de Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial actualmente en prisión preventiva. Según consignó el medio, la representante popular remarcó que “la actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente”, y acusó a Puente de priorizar la confrontación y la narrativa pública sobre la resolución efectiva de los problemas originados tras el accidente.
El listado de personas convocadas por el PP asciende a 73, abarcando a altos cargos ministeriales, responsables técnicos y directivos de entidades públicas y privadas vinculadas al transporte ferroviario y a la gestión de infraestructuras. Entre los convocados figuran la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, y el director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez. También han sido citados la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, el subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas, el director del Observatorio para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Transportes, Fernando Moreno, y el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
Según detalló el medio, el plan de comparecencias propuesto incluye la integración a la comisión de responsables autonómicos, como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto a sus homólogos de otras regiones bajo gobiernos del PP. En lo referente a las infraestructuras en Cataluña, se ha citado a la consellera de Territorio, Silvia Paneque, al secretario de Movilidad, Manel Nadal, al comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías, y al consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, Oscar Playá. El PP también ha citado a directivos de empresas operadoras privadas como Iryo y Ouigo, así como a responsables de Renfe y a varios cargos de Adif.
De acuerdo con la información difundida por el medio, la dinámica propuesta para la comisión otorga un mínimo de cincuenta minutos de intervención a cada grupo parlamentario para interrogar a los comparecientes, replicando el modelo empleado en la comisión del ‘caso Koldo’. Como novedad, los portavoces podrán disponer de un segundo turno de cinco minutos, formato que no cuenta con antecedentes en otras investigaciones parlamentarias del Senado. El PP se ha asegurado también prioridad para ser el primer grupo en formular preguntas, permitiendo que el resto proceda según la representación de cada partido.
Entre los documentos solicitados destacan no solo las comunicaciones internas de los días en los que ocurrió el accidente de Adamuz, sino también la totalidad de los informes y expedientes relativos a todas las obras ejecutadas en el tramo afectado. La petición de acceso a las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Europea responde a sospechas de irregularidades en la gestión de fondos europeos, así como a la existencia de investigaciones judiciales sobre contratos presuntamente manipulados en el ámbito de Adif. El PP también reclama los expedientes justificativos de cualquier modificación en la regulación de velocidades en la zona objeto del siniestro, en busca de aclarar las circunstancias y posibles responsabilidades.
La intervención de Alicia García, difundida por el medio, enfatizó que la gestión gubernamental tras el accidente no ha alcanzado niveles de respuesta adecuados y avanzó que la estrategia del PP al frente de la comisión busca no solo esclarecer los hechos sucedidos en Adamuz, sino profundizar en la transparencia de la contratación y supervisión pública en el sistema ferroviario nacional. La única mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado permite a la formación impulsar la agenda y las comparecencias propuestas, así como definir los requisitos y el orden de las sesiones investigadoras.
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