El juez del 'caso Montoro' pide más documentación al considerar que los bancos aportaron información "insuficiente"

El informe de la Agencia Tributaria incluido en la investigación por los supuestos beneficios fiscales a empresas relacionadas con el despacho Equipo Económico revela que existieron fragmentaciones en los pagos y aplazamientos de estos movimientos, así como ingresos distribuidos en al menos dos cuentas bancarias distintas. Esta observación del informe, según difundió Europa Press, llevó al titular del Juzgado de la Plaza 2 de Tarragona a tomar nuevas decisiones procesales, solicitando datos financieros adicionales a diversas entidades. La finalidad consiste en precisar la naturaleza y destino de los pagos efectuados y subsanar la falta de documentación relevante detectada hasta ahora. El magistrado expuso que la documentación bancaria aportada resulta hasta el momento “insuficiente”.

Europa Press detalló que el juez profundizó en las anomalías detectadas al examinar el informe remitido por la Agencia Tributaria, el cual recoge “pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios”. Además, el documento constata diferencias notables respecto a la proporción de ingresos asignados a determinados socios, ya que algunos registran percepciones inferiores a su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros con participaciones menores. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, el juez calificó estos movimientos como “incoherentes”.

La investigación se enmarca en la presunta concesión de favores fiscales a empresas cuando Cristóbal Montoro ocupaba el cargo de ministro de Hacienda. Uno de los focos es el análisis de posibles lazos entre cargos del Ministerio de Hacienda y el despacho Equipo Económico, señalados por investigadores como intermediarios de empresas del sector de gases industriales que se habrían visto beneficiadas por ciertas normativas. Según indicó Europa Press, el juez ha solicitado un listado de correos electrónicos intercambiados en 2012 entre altos cargos de Hacienda. Dichos correos contienen documentos que, según la investigación judicial, podrían estar relacionados con la elaboración de leyes que habrían otorgado ventajas a empresas cliente de Equipo Económico.

La medida del juez de requerir más documentación a las entidades bancarias se fundamenta en la fragmentada y limitada información proporcionada hasta el momento. Además, informó Europa Press, en el año 2023 se cursaron distintos requerimientos a bancos bajo encargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, buscando rastrear el flujo y origen de fondos asociados a los investigados dentro del caso.

Por otra parte, el titular del juzgado autorizó a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. El objetivo específico reside en identificar productos bancarios en los que figuren como vinculados el propio Cristóbal Montoro y otros implicados en la causa, ampliando así el horizonte de la investigación sobre posibles pistas y movimientos económicos de interés.

De acuerdo con los datos recabados por Europa Press, estas diligencias pretenden esclarecer el entramado de movimientos bancarios asociados a exsocios, familiares y actuales socios de las compañías bajo sospecha. El juez apuntó que la falta de correspondencia entre los pagos realizados y la estructura societaria que consta en los registros oficiales constituye un indicio relevante para profundizar en el análisis y esclarecer el posible desvío o uso irregular de fondos.

Con este nuevo impulso procesal, la investigación judicial pretende determinar la existencia de irregularidades y deficiencias en los controles fiscales alrededor del entorno de la exministra Montoro, así como en las relaciones entre la Agencia Tributaria, cargos del Ministerio y firmas privadas. Todas las diligencias se mantienen orientadas a clarificar si existieron o no tratos de favor durante el periodo señalado y si las compañías implicadas se beneficiaron de ajustes normativos auspiciados desde instancias del Gobierno, según publicó Europa Press.