Madrid, 25 mar (EFE).- La entidad Down España ha alertado a las familias que en las próximas semanas, de cara a la solicitud de plazas para el próximo curso, pueden sufrir presión para firmar documentos que puedan facilitar la derivación de sus hijos a centros de educación especial.
Por ello, desde esta entidad advierten "de las prácticas ilegales que impiden la educación inclusiva de los alumnos con síndrome de Down en centros educativos ordinarios" e instan a las familias a que no firmen dictámenes de escolarización o evaluaciones psicopedagógicas que pueden ser una "trampa" para dificultar la inclusión real del alumnado con discapacidad, explica la asesora Ana B. Rodríguez.
Estos procedimientos "irregulares" que algunos centros y administraciones utilizan para segregar y excluir a estudiantes con síndrome de Down son una vulneración del derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad reconocido en la Constitución y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, añade.
"Las familias tienen derecho a elegir centro, a conocer y supervisar las evaluaciones que se realizan y a exigir los apoyos necesarios para garantizar el aprendizaje de sus hijos", recuerda la asesora de Down España.
También, que pueden acudir a instituciones como el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor, la Fiscalía de Menores y de Discapacidad, la Oficina de Atención a la Discapacidad o el CERMI para defender el derecho de sus hijos a una educación inclusiva.
El abogado especializado en educación inclusiva Juan Rodríguez Zapatero explica que "los apoyos deben ser personalizados y eficaces de manera que el sistema se adapte al alumno y priorice su escolarización en centros educativos ordinarios".
"Es decir, la derivación a centros de educación especial solo puede hacerse de forma excepcional y debidamente justificada, demostrando que se han agotado todas las medidas de inclusión", añade el jurista.
Down España insta a las familias a asumir su papel esencial para garantizar una educación de calidad para sus hijos; a los centros educativos, a trabajar con la voluntad y los recursos necesarios para hacerlo posible; y a los Gobiernos, a asegurar que el sistema educativo español garantice la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado en igualdad de condiciones. EFE
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