Barcelona, 25 mar (EFE).- La organización proderechos humanos Irídia, que representa a víctimas de espionaje con Pegasus, ha denunciado la falta de cooperación de los juzgados españoles con la justicia europea para tramitar las euroordenes que permitirían investigar a los directivos de la grupo NSO, la empresa israelí que comercializa el software malicioso.
La “inacción generalizada” por parte de la justicia española está provocando el archivo o la paralización de dichas Órdenes Europeas de Investigación (OIE), “esenciales para acceder a documentación, tomar declaraciones y aclarar responsabilidades”, han señalado este martes las abogadas de la entidad Sònia Olivella y Cèlia Carbonell en una rueda de prensa.
Las OIE están concretamente en los juzgados de Luxemburgo, donde se encuentra la sede de la empresa NSO en la que trabajaban los tres directivos que la Audiencia de Barcelona decidió imputar en marzo de 2025 como parte de la investigación del supuesto espionaje con Pegasus al abogado del expresidente catalán Pere Aragonès, Andreu Van den Eynde, representado por Irídia.
Según Irídia, hay actualmente cinco casos en los que los juzgados barceloneses han aceptado las solicitudes de orden europea de investigación, pero cuya tramitación han obstaculizado mandando información defectuosa a los tribunales de Luxemburgo u obviando los requerimientos y peticiones de información que han hecho los jueces europeos para llevar adelante las investigaciones.
Tras estar paralizados, algunos de ellos hasta trece meses, la justicia de Luxemburgo está emitiendo ultimátum que los juzgados barceloneses siguen eludiendo y que acaban con el archivo de las órdenes, manifiesta la entidad.
“Piden cooperación europea de Luxemburgo sin luego darles respuesta y les obligan a archivar las OIE”, ha denunciado la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, quien ha revelado que precisamente en el caso de Van den Eynde, “el más avanzado”, se ha archivado la euroorden pedida hace más de un año por este motivo.
El bloqueo judicial en los procesos relativos al espionaje, advierte la organización, también se está produciendo por el archivo automático de las solicitudes de OIE en los juzgados españoles sin siquiera investigar si son necesarias o por congelar su tramitación una vez aceptadas, situaciones en la que se encuentran dos y un caso, respectivamente.
“Cuando los juzgados obstaculizan la justicia a través de la inacción, no hay recursos a los que puedan acogerse las víctimas para impugnarlo”, ha señalado Olivella, quien ha explicado que “lo único que pueden hacer los afectados es reiterar”, vía por la que está apostando Van den Eynde, que ha solicitado de nuevo la euroorden.
La abogada ha avanzado que paralelamente están valorando “otras vías” y que, si no encuentran un “recurso efectivo” en el Estado español, acudirán a “instancias internacionales”.
“No puede ser que en un momento donde cada vez hay más pruebas, el Estado español se quede atrás, bloqueando la investigación, no solo de Pegasus, sino de cualquier otro programario que se esté usando actualmente”, ha añadido Cèlia Carbonell.
La organización ha denunciado que el espionaje masivo a más de 60 independentistas con Pegasus, que el laboratorio canadiense Citizen Lab destapó en 2022, se enmarca en una “dinámica internacional marcada por la privatización de la seguridad y una narrativa securitaria que premia la competitividad económica en detrimento de los derechos fundamentales”. EFE
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