Madrid, 24 mar (EFE).- El Ministerio de Trabajo hará algunos cambios en el real decreto de registro de jornada para llevarlo cuanto antes al Consejo de Ministros y blindarlo judicialmente ante la batalla que dará la CEOE, a la que acusan, al igual que al Ministerio de Economía, de ponerse del lado de las empresas que incumplen la ley.
Según han explicado este martes fuentes del Ministerio de Trabajo tras el informe negativo del Consejo de Estado, la norma mantendrá los elementos esenciales -que sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo- y las modificaciones pasarán por poner más énfasis en el respeto al tratamiento de datos y en la posibilidad de que la negociación colectiva sea una vía de colaboración en la adaptación del registro.
Las mismas fuentes inciden en que la reforma del registro seguirá adelante y que se debe aprobar para cumplir con el acuerdo de Gobierno y con las sentencias europeas, y cargan contra la actitud del Ministerio de Economía al que acusan de ponerse del lado de las empresas que incumplen la ley y de haber intentado frenar este cambio, así como la reducción de jornada, desde el primer momento.
Para Trabajo bloquear esta reforma supondría un grave incumplimiento del acuerdo de Gobierno de coalición PSOE-Sumar por lo que defienden una norma que, recuerdan, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas.
Las mismas fuentes recuerdan que el informe del Consejo de Estado, que ha rechazado el proyecto de real decreto, no es vinculante y consideran que emplea argumentos inciertos.
Para empezar, desde Trabajo defienden que el registro horario ya existe y que, si hubiera una violación de datos como recoge el informe, se estaría produciendo actualmente en todas las empresas.
También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa porque el objetivo es proteger a todos los trabajadores con un registro que, frente al vigente, sea realmente efectivo y garantice el cumplimiento de la jornada legal.
El Consejo de Estado ha rechazado el decreto porque, a su juicio, no cumple con la normativa española y europea de protección de datos y rebasa la potestad reglamentaria al imponer nuevas obligaciones y cargas a las empresas que no recoge la ley que dice desarrollar.EFE
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