Igual cree que el auto de El Bocal "monta y arma" lo que dijo el Ayuntamiento: que el mantenimiento era de Costas

En la investigación judicial sobre el accidente mortal en la senda costera de El Bocal, la jueza concluyó que el Ayuntamiento de Santander solo habría asumido el mantenimiento de la infraestructura una vez finalizadas las obras, condición que no se cumplió según el auto. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, resaltó que esta conclusión responde a la documentación y al discurso institucional defendido por el municipio desde el inicio del proceso. Según informó el medio, la regidora explicó que la resolución judicial “monta y arma” la versión que tanto ella como el Consistorio habían sostenido: que la responsabilidad del mantenimiento recaía sobre la Demarcación de Costas, dependencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Gema Igual confirmó en rueda de prensa que el informe de la jueza respalda que el Ayuntamiento de Santander facilitó documentación que acreditaba no tener las competencias de mantenimiento de la pasarela siniestrada, la cual formaba parte de la senda costera. La alcaldesa afirmó que esta defensa del Consistorio se ha basado siempre en pruebas y documentos oficiales y que solo expone certezas cuando dispone de soporte documental. “Cuando tenga dudas, las plantearé como dudas y cuando tenga certezas y documentos, intentaré hacer el relato lo más fiel que sepa, sin malas intenciones, sin meter política”, declaró en referencia a la necesidad de rigor informativo ante el dolor de las familias de las víctimas.

Tal como consignó el medio, el caso, en el que el derrumbe de la pasarela dejó seis fallecidos y un herido, está en proceso judicial y podría prolongarse durante un tiempo indefinido. Igual recalcó que, en estas circunstancias, no puede hablar de “alivio” pese a la conclusión provisional del auto, ya que persisten incógnitas sobre las causas que provocaron el colapso. La alcaldesa sí afirmó que esperaba una decisión en esta línea y reconoció la rapidez con la que la instructora está resolviendo las primeras cuestiones.

El auto judicial destacó que las obras de la senda costera no se habían finalizado y, por tanto, el compromiso del Ayuntamiento para hacerse cargo del mantenimiento solo podría adquirir vigencia una vez que los trabajos estuvieran concluidos oficialmente. La jueza expuso que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaran”. En este sentido, Igual subrayó que, bajo este criterio, la obligación nunca llegó a materializarse ante la falta de finalización de la pasarela afectada.

El medio detalló, sin embargo, que la instrucción también atribuye a la administración local la denominada “potestad de policía administrativa”, es decir, la capacidad de intervenir en cuestiones de seguridad en espacios públicos, independientemente de quién tenga la titularidad de los mismos. En este aspecto, la jueza consideró fundamental aclarar si el deterioro o el riesgo de la pasarela era perceptible el día de la tragedia y si existía obligación de delimitar o precintar la zona en caso de riesgo visible, mencionando la inclusión de la senda costera en rutas turísticas promovidas por el Consistorio.

Sobre este punto, según reportó el medio, Igual explicó que el Ayuntamiento llevó a cabo actuaciones de señalización y cierre en 2024, aunque reconoció que no se atendió una alerta específica que llegó a la Policía Local a través del servicio 112 el 2 de marzo, un día antes del accidente. La agente implicada no abrió una incidencia tras la llamada, como quedó reflejado en la investigación. “La primera en reconocerlo fui yo y con esa humildad y con ese pesar lo dije y lo sigo diciendo”, declaró la alcaldesa, quien añadió que el Ayuntamiento, cuando advertía desperfectos, los subsanaba y lo acreditaba con fotografías.

En relación con el mantenimiento por parte de la Demarcación de Costas, la alcaldesa descartó que el Consistorio tuviera constancia de una falta de atención por parte de esa dependencia estatal. Defendió que la administración local asumía que la institución competente, en este caso Costas, se encargaba del cuidado de la senda e insistió en que fueron aportados registros y documentación que así lo acreditan ante los requerimientos judiciales. Igual distinguió que la presencia de una tabla descolorida o deteriorada no implica necesariamente abandono ni peligro estructural.

Lo publicado por el medio también recoge una reflexión de la alcaldesa en relación a las causas técnicas del colapso de la pasarela. Sostuvo que aún faltan por esclarecer los motivos precisos y que este aspecto permanece bajo investigación. Según su declaración, el Ayuntamiento continúa colaborando con la Justicia y aportando la documentación solicitada para que se pueda establecer el origen del fallo constructivo o la hipotética responsabilidad de las partes involucradas.

El medio añadió que Gema Igual fue interrogada acerca de la decisión de la jueza de considerar al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, como investigado en la causa, por su responsabilidad como director de Obras en el marco del proyecto de la senda costera de 2014. Ante la pregunta sobre si Osorio debía renunciar a su cargo, la alcaldesa indicó que no le corresponde pronunciarse al respecto y defendió su respeto tanto al proceso judicial como a la autonomía de los afectados para tomar decisiones personales, especialmente porque ella misma ha atravesado situaciones similares en el pasado.

Además, según confirmó el medio, la magistrada ha incluido en la investigación penal al jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas, así como a la agente de la Policía Local que no actuó tras la alerta telefónica previa al accidente. Tanto los responsables de la Demarcación como la agente pasan formalmente a la condición de investigados en una causa que permanece abierta a nuevas diligencias en busca de determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

La alcaldesa expresó nuevamente la posición del Ayuntamiento de Santander, alineada con el contenido del auto judicial y la documentación anteriormente presentada, insistiendo en la disposición del municipio para seguir contribuyendo a la investigación en marcha. A falta de una conclusión definitiva sobre las causas del accidente y con la instrucción judicial todavía en curso, el Consistorio mantiene su línea defensiva basada en los registros y argumentos ya formulados, según reportó el medio.