La próxima comparecencia de José Antonio Marco ante la justicia por una investigación de presunto cohecho ha reavivado la tensión política en Andalucía y a nivel nacional. Según informó Europa Press, Marco, quien se desempeñó como presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, debe declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid tras la admisión a trámite de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Esta citación judicial está programada para los días 21 y 22 de mayo y también implica a otras personas, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
El debate político se intensificó después de que el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, señalara este lunes que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, regresa a Andalucía para ser candidata a la Presidencia de la Junta con “una mochila cargada de corrupción”. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Tellado aludió a la investigación en marcha y criticó la gestión y las responsabilidades políticas de Montero durante su etapa al frente del Ministerio.
Tellado recordó en una declaración en la red social X, recogida por Europa Press, que hace nueve meses interpeló a Montero sobre la situación de su antiguo número tres en el Ministerio, sin recibir respuesta por parte de la vicepresidenta. Tellado apuntó que en ese entonces advirtió a Montero de que el mencionado cargo de confianza, ahora investigado por la Fiscalía Anticorrupción, expresó su disconformidad por no haber recibido pagos como otros funcionarios. “¿Se refería a usted, señora Montero?”, cuestionó el dirigente popular en su mensaje.
El Partido Popular ha dirigido nuevas críticas hacia la ministra, planteando que la causa judicial que afecta a su ex alto cargo revive el pasado de presunta corrupción en Andalucía, especialmente durante periodos de gobierno socialista en los que Montero tuvo un papel relevante como consejera. Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz, subrayó que la trayectoria de Montero remite a esa etapa y ha insistido en la necesidad de esclarecer su participación y sus responsabilidades en los hechos investigados, reportó Europa Press.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, manifestó que los acontecimientos recientes constituyen “nuevos capítulos de corrupción” que sitúan al Gobierno bajo presión pública y judicial. Al citar el caso del ex número tres de la vicepresidenta primera, Gamarra señaló que la situación requiere explicaciones y responsabilidades políticas respecto de las personas nombradas por Montero. Estas declaraciones las ofreció en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP, informó Europa Press.
El miércoles próximo, el PP prevé trasladar estos cuestionamientos a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Europa Press detalló que la formación conservadora ha registrado cuatro preguntas dirigidas explícitamente a Montero, quien en breve dejará su cargo en el Ejecutivo central para pasar a encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas. Entre las preguntas figura la registrada por Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, quien se interesa por “cómo será recordado” el paso de Montero por el Gobierno. Tellado, por su parte, planteará sobre “cuál ha sido la verdadera prioridad” del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Montero.
Otras intervenciones de diputados populares buscarán profundizar en el impacto de las políticas de Montero en la vida de los españoles. El diputado José Vicente Marí Bosó, parte del equipo económico del PP, planteará si la situación de la ciudadanía ha mejorado desde el inicio del mandato de Montero en Hacienda, mientras que María Isabel Sánchez Torregrosa interrogará sobre la presencia de ética y transparencia en su labor al frente de los asuntos públicos, según informó Europa Press.
La causa judicial y las acciones políticas del PP se presentan como parte de un contexto más amplio de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición, en el que la gestión de personalidades vinculadas a casos judiciales adquiere especial relevancia en la pugna por el relato público. Europa Press subrayó que el desarrollo de la investigación y el futuro procedimental marcarán la agenda política en los próximos meses.
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