El Consejo de Transparencia exige a Moncloa informar de la relación de pagos en efectivo de Transportes desde 2022

En el contexto de una investigación judicial por la financiación del PSOE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió públicamente el uso de dinero en efectivo dentro de los ministerios, considerándolo habitual para cubrir dietas y representar gastos durante viajes oficiales. Tal como publicó Europa Press, Puente explicó en diversos foros y a través de publicaciones en la red social X que estas operaciones forman parte de lo que denominó “anticipo de caja”, mecanismo que, según sus declaraciones, está sujeto a fiscalización por parte del interventor del ministerio. El propio ministro difundió videos describiendo la mecánica de estos pagos, ejemplificando con un caso en un viaje a Las Palmas de Gran Canaria, en el que mostró un sobre con 300 euros y detalló el destino de esos fondos en distintas obligaciones de representación y desplazamiento.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Álvarez, exigió a la Presidencia del Gobierno que detalle la relación de pagos en efectivo realizados por el Ministerio de Transportes desde el año 2022, ya concluida la gestión de José Luis Ábalos. Según informó Europa Press, esta petición se fundamenta en la resolución fechada el 6 de febrero, respuesta a la reclamación interpuesta por una ciudadana que, previamente, el 20 de octubre de 2025 había solicitado esta información a Moncloa, usando los canales oficiales y trasladando su petición al departamento bajo la responsabilidad de Félix Bolaños.

La solicitud en cuestión requería información precisa: la relación de pagos en metálico efectuados desde el año 2022, detallando la cuantía de cada uno, el beneficiario nominativo en caso de ser personal con nivel superior a 28 y el motivo específico de cada desembolso. Europa Press consignó que la Presidencia del Gobierno no emitió respuesta a la petición dentro de los plazos previstos. Más de un mes después, la ciudadana afectada recurrió al Consejo de Transparencia, que trasladó el caso formalmente al Ministerio de la Presidencia. El Consejo confirmó que tampoco recibió respuesta ni justificación sobre la ausencia de contestación.

El organismo de control, según el reporte de Europa Press, enfatizó en su resolución que el silencio por parte del Ejecutivo y la omisión en responder tanto a la solicitud de acceso a la información como al requerimiento de alegaciones vulnera el derecho constitucional de acceso a la información pública. Por tal motivo, el Consejo ordenó a la Presidencia del Gobierno que facilitara a la reclamante toda la información relativa a los pagos en efectivo del Ministerio de Transportes realizados desde 2022, concediendo un plazo máximo de diez días hábiles. Dicho plazo, según consta en la documentación recogida por Europa Press, ya ha expirado sin que se hubiera remitido la información requerida.

Durante este período, la cartera de Transportes experimentó varios cambios en su titularidad. Después de la salida de José Luis Ábalos, el presidente Pedro Sánchez designó a Raquel Sánchez como ministra, quien ocupó el cargo hasta noviembre de 2023. Fue entonces cuando Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, asumió la dirección del ministerio. Esta sucesión de responsables aporta contexto al periodo examinado por el Consejo de Transparencia y al contenido de la solicitud ciudadana.

La decisión del Consejo también recuerda que el acceso a la información pública constituye un derecho de naturaleza constitucional, cuyo ejercicio no puede verse anulado por omisiones administrativas. Según publicó Europa Press, el Consejo de Transparencia remarcó que la falta de respuesta por parte de la Administración no elimina la obligación institucional de garantizar ese derecho ni de entregar la documentación solicitada a los ciudadanos en tiempo y forma.

Los hechos se producen en un entorno de atención pública a la gestión de fondos y procedimientos de gasto dentro de los ministerios, a la vez que se desarrolla una investigación a cargo de la Audiencia Nacional sobre presunta financiación irregular del PSOE. Ante la petición concreta de transparencia sobre los pagos en efectivo, la respuesta oficial no se produjo en los plazos establecidos, generando la intervención de los órganos de control y la emisión de la citada resolución.

En sus videos divulgativos, el ministro Puente detalló cómo opera la entrega de anticipos en efectivo a funcionarios que deben efectuar desplazamientos o representaciones, reforzando la idea de que existen controles y requisitos específicos para estos movimientos contables. No obstante, el debate público abierto por este asunto, incluido el papel de los interventores ministeriales y los estándares de justificación y transparencia en el uso de fondos públicos, se vio intensificado por la reclamación formal y la posterior falta de colaboración institucional denunciada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Europa Press reportó que la demanda de la ciudadana se ajustó a los procedimientos que establece la normativa española sobre acceso a información pública, subrayando el contenido de la reclamación: obtener un listado pormenorizado de gastos en metálico, con detalles tanto sobre las cantidades como sobre los destinatarios y finalidades. Aunque la administración estaba obligada a tramitar y contestar la petición, el silencio administrativo activó la intervención del órgano regulador, que ahora reclama la entrega urgente de la documentación correspondiente.