Sumar dice que el Gobierno no corrió peligro y defiende que salen fortalecidos pese al choque del plan anticrisis

La votación sobre la prórroga de los contratos de alquiler se ha programado para dentro de un mes, con el objetivo de sumar los votos necesarios de grupos parlamentarios como Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), según consignó Europa Press. Este ajuste en los plazos supone una estrategia diseñada para convencer a estas formaciones, que previamente habían alertado de que no aceptarían un decreto ‘ómnibus’ presentado por el Ejecutivo. La iniciativa coincide con la entrada en vigor de la ampliación de los contratos este sábado, aunque todavía requiere el respaldo del Congreso para consolidarse.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó que su formación nunca tuvo la intención de abandonar el Ejecutivo pese a las recientes divergencias con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en torno al plan anticrisis, informó Europa Press. Urtasun explicó que el acuerdo alcanzado no solo mantiene la estabilidad del Gobierno sino que fortalece la alianza entre los socios, tras episodios de tensión antes de la celebración del Consejo de Ministros.

Urtasun considera que la negociación interna ha permitido incluir medidas clave para Sumar, como el control de los márgenes empresariales de grandes compañías y la prórroga de los contratos de alquiler. Según detalló Europa Press, este último punto contempla una duración de dos años y la posibilidad de limitar el aumento de rentas al 2% del Índice de Precios al Consumo (IPC), una fórmula destinada a contener subidas abruptas si la inflación aumenta.

Durante una comparecencia en el Congreso, el titular de Cultura subrayó la importancia de “dar la batalla” para convencer a los partidos reticentes a apoyar la prórroga de alquileres, recordando que tanto Junts como PNV votaron anteriormente a favor del decreto de respuesta ante la crisis de Ucrania. Urtasun explicó que la estrategia gubernamental no puede basarse en la autopostulación de un veto ante eventuales dificultades en la Cámara Baja, sino que debe centrarse en la búsqueda activa de respaldos. “Estamos aquí para gobernar y para lograr avances”, confirmó, resaltando el papel de Sumar en el impulso de políticas de protección social y ampliación de derechos.

Las discrepancias que surgieron entre Sumar y PSOE alcanzaron una mayor intensidad durante las horas previas al Consejo de Ministros, cuando los ministros del bloque progresista exigieron negociar hasta el último momento para asegurar que sus reivindicaciones fueran integradas en los decretos que se votaban, según reportó Europa Press. Este contexto provocó el retraso en el inicio del Consejo, una circunstancia que Urtasun describió como parte natural del funcionamiento de un gobierno de coalición en el que las negociaciones pueden extenderse por la exigencia de uno de los socios.

El ministro de Cultura añadió que ha mantenido comunicaciones directas con representantes de Junts y otros grupos parlamentarios, con la intención de garantizar apoyos a la validación de los decretos en próximas sesiones. Según señaló Europa Press, el ambiente de diálogo y firmeza caracterizó el proceso negociador.

En paralelo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó que Sumar ha defendido sus posiciones con seriedad y ha priorizado el diálogo, minimizando el alcance de las tensiones públicas entre los socios de gobierno. “Bien está lo que bien acaba”, puntualizó Bustinduy, quien indicó que las conversaciones se mantuvieron abiertas con el PSOE hasta los últimos instantes previos a la adopción del acuerdo. Describió el tono de las negociaciones como cordial y afirmó que el resultado ha sido positivo para el ámbito gubernamental, según declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió a la función de Sumar en la coalición, colocando el énfasis en la necesidad de aprobar medidas que amplíen los derechos y protejan a los segmentos más vulnerables ante crisis. “Para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre. Para proteger a toda la gente”, manifestó Díaz en un mensaje dirigido a los medios, recogido por Europa Press. Contrastó este enfoque con las políticas de ajuste de años anteriores, asegurando que la acción actual del Gobierno trasciende el mero ajuste y apunta a un fortalecimiento de los mecanismos de protección social.

Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, abordó la problemática de la vivienda como el principal desafío para los ciudadanos, motivo por el cual la protección de los inquilinos se mantuvo en el núcleo del escudo social impulsado por el Ejecutivo. García recalcó que la presión ejercida por los ministerios encabezados por Sumar fue determinante, mostrando confianza en que el plan anticrisis contará con el apoyo suficiente cuando prospere su tramitación parlamentaria.

De acuerdo con Europa Press, el acuerdo firmado posibilitó la aprobación de dos decretos con medidas sociales, lo que pone de manifiesto la capacidad del Ejecutivo para negociar internamente y tomar decisiones orientadas a la protección de la ciudadanía. El proceso permitió reflejar la dinámica interna de la coalición, en la que el diálogo intenso y la exigencia de medidas específicas por parte de Sumar han tenido impacto en la configuración de las propuestas finales.

El Gobierno espera que con el tiempo extra concedido antes del debate de convalidación en el Congreso, se logren los apoyos necesarios para garantizar la continuidad de la prórroga de alquileres y el conjunto de medidas incluidas en el plan de protección social. Según la información difundida por Europa Press, el clima de entendimiento puertas adentro se afirma como una señal de fortaleza del Ejecutivo, que busca consolidar una nueva etapa de diálogo y acuerdo dentro de la actual legislatura.