Asociación de Víctimas contrata al abogado que lleva la demanda del caso de Angrois que examina Estrasburgo

El despacho Administrativando Abogados, liderado por el abogado Antonio Benítez, ha sido contratado recientemente por la Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz, en busca de avanzar en la exigencia de responsabilidades legales y de fortalecer la protección de los damnificados. Tal como publicó el medio original, Benítez está a cargo del procedimiento contencioso-administrativo del caso Alvia, cuya demanda se encuentra bajo análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, lo que impulsa a la Asociación de Adamuz a explorar todas las vías legales disponibles para enfrentar lo que consideran la falta de acción y las deficiencias de las administraciones públicas involucradas en el siniestro ocurrido en Córdoba.

Según informó la fuente, la Asociación comunicó un “cambio de fase” al anunciar la contratación del mencionado despacho, especializado en reclamaciones contra la administración pública. El colectivo busca iniciar procedimientos legales ante la inactividad de las entidades responsables que, de acuerdo a la legislación vigente, debieron intervenir de forma activa y cooperativa. La contratación de Administrativando Abogados añade experiencia jurídica al proceso, dado el historial del bufete y su participación en procesos legales complejos ante instancias internacionales.

La Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz también ha reclamado públicamente la creación inmediata de una oficina específica para la atención a las víctimas. Según reportó la fuente, el objetivo de esta oficina sería funcionar como punto único de referencia, coordinar a todas las administraciones involucradas y garantizar un seguimiento efectivo y constante de cada caso. La organización insiste en que la reivindicación va más allá del esclarecimiento de lo sucedido, incluyendo la necesidad de conocer a fondo las causas del accidente, evitar que hechos similares se repitan y promover la seguridad integral del sistema ferroviario.

Durante los últimos días, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno prepara una modificación legal para equiparar el accidente ferroviario de Adamuz con los accidentes laborales. Según publicó la fuente, esta medida permitiría acceder a prestaciones superiores para los supervivientes, así como mejorar las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad de los afectados. Montero indicó que la aprobación de dicha reforma ocurrirá “en breve”, lo que supondría un avance normativo en materia de compensación para las familias y damnificados.

El presidente de la Asociación, Mario Samper, celebró que el Ejecutivo aceptara la propuesta de la entidad para igualar el reconocimiento legal del accidente con los criterios de accidente laboral. Informó que la solicitud de esta consideración especial se presentó durante un encuentro reciente con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Samper detalló, según consignó la fuente, que en esa reunión también se exigió una investigación seria e imparcial, la reducción de la burocracia relacionada con la obtención de ayudas y una mayor presencia y atención de las administraciones, aspectos que la Asociación considera ausentes hasta ahora.

Tras el diálogo mantenido hace diez días, Samper confirmó que expusieron al ministro de Transportes la necesidad de su dimisión, sumando esa petición a las demandas de mayor transparencia y agilidad institucional. Paralelamente, la Asociación ha convocado a una manifestación en Huelva el próximo viernes 20 de marzo, bajo la consigna ‘Memoria, Verdad y Justicia’. Según informó la fuente citada, el acto busca visibilizar la demanda de justicia y de reformas estructurales para garantizar una protección efectiva de los usuarios del sistema ferroviario.

El caso de Adamuz se entrecruza con otros procesos judiciales de relevancia en el sector transporte, como ilustran los antecedentes del bufete de Benítez, quien representa también a las víctimas del accidente de Angrois. La demanda de Angrois continúa su tramitación ante instancias europeas, lo que otorga a la Asociación de Adamuz una perspectiva estratégica al contar con un equipo legal familiarizado con las dinámicas de litigio internacional y con la reclamación de responsabilidades ante organismos supranacionales.

El enfoque de la Asociación no se limita a la reparación económica sino que exige cambios administrativos y legales, con la intención de garantizar un seguimiento riguroso de cada caso y la implementación de medidas preventivas efectivas. La búsqueda de un mayor nivel de seguridad ferroviaria constituye uno de los puntos centrales de la agenda, en línea con la reivindicación de transparencia y compromiso estatal en la gestión de siniestros de gran impacto social.

Mientras avanzan los procedimientos legales y legislativos, la Asociación mantiene abierta la movilización social, con el objetivo de sumar apoyos y de promover el debate público sobre la protección de las víctimas y la optimización de la respuesta institucional ante emergencias ferroviarias. Esta estrategia combina acciones judiciales, propuestas legislativas y manifestaciones ciudadanas, conforme a lo expuesto en el comunicado divulgado por el colectivo y documentado por la fuente original.

La evolución del caso, según detalló la fuente, dependerá de la respuesta de las administraciones competentes y de la celeridad con la que se aprueben los cambios legales anunciados por el Gobierno. La Asociación continúa vigilando el cumplimiento de sus demandas y mantiene la presión pública y jurídica para conseguir el reconocimiento integral de los derechos de las víctimas del accidente ferroviario sucedido en Adamuz.