La defensa de Salomé Pradas, exconsellera de Interior e investigada por la gestión durante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que impactó la provincia de Valencia en octubre de 2024, ha reclamado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) obtenga determinadas grabaciones de audio y conversaciones de mensajería consideradas clave en el procedimiento. Según consignó Europa Press, el objetivo sería que estos materiales, incorporados en la denuncia contra la jueza instructora del caso —cuya admisión ya ha sido rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)—, sirvan para esclarecer posibles irregularidades durante la instrucción del proceso.
Tal como publicó Europa Press, la solicitud de la defensa se produce días después de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano decidiera archivar la querella presentada contra la magistrada de Catarroja encargada de la instrucción y su marido, quien también ejerce como juez en València. El TSJCV concluyó, tras estudiar el caso, que la parte denunciante no aportó pruebas suficientes para sostener la presunta comisión de los delitos detallados en la querella. Esta denuncia fue impulsada por Rubén Gisbert, abogado y youtuber, junto con cuatro familiares de víctimas de la catástrofe, quienes sostenían que el esposo de la magistrada habría intervenido en declaraciones de víctimas a pesar de no ostentar competencia en el procedimiento.
En el escrito enviado al CGPJ y recogido por Europa Press, la representación legal de Pradas subraya que, además de las citadas grabaciones de audio, en la querella se incluyó la identificación de varias personas que supuestamente presenciaron los hechos, junto con las conversaciones de un grupo de WhatsApp formado por familiares de las víctimas. El abogado argumenta que estos elementos podrían evidenciar situaciones consideradas como "faltas muy graves", al tratarse, por un lado, de una presunta intromisión inadecuada de un magistrado —el esposo de la jueza instructora— en un procedimiento dirigido por otra miembro del Poder Judicial, lo que afectaría el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley. Por otra parte, el letrado apunta a la posibilidad de una revelación indebida de hechos investigados en beneficio del citado magistrado, que no tendría competencia alguna sobre la causa.
El medio Europa Press detalla que la defensa solicita expresamente al CGPJ que requiera a Rubén Gisbert la entrega de los audios en cuestión, convoque tanto a Gisbert como a las personas representadas por él para que presten declaración sobre su posible participación en los hechos expuestos en la querella, y recabe también el contenido íntegro del chat de WhatsApp de los familiares de las víctimas. Según la defensa, solo mediante la obtención y análisis de estos materiales se podría determinar si existen responsabilidades disciplinarias o penales, dado el alcance de las posibles vulneraciones dentro del procedimiento judicial.
La denuncia original, según lo publicado por Europa Press, hacía referencia a la participación del esposo de la jueza de Catarroja en varias declaraciones de víctimas, un acto que la defensa de Pradas considera ajeno a las funciones del citado magistrado. El TSJCV, no obstante, valoró que no existe una base probatoria robusta para continuar el proceso contra la jueza ni su esposo, por lo que resolvió archivar la denuncia. Este archivo no ha impedido que la defensa de la exconsellera insista en la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces recopile todos los elementos de prueba posibles para esclarecer la posible existencia de irregularidades.
De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la querella sobre la que gira la petición fue presentada por Gisbert y familiares afectados, quienes señalaban la presunta intervención indebida del juez en testimonios de víctimas afectadas por la DANA. El TSJCV resolvió que, tras estudiar la documentación aportada, no se podía sostener la comisión de los delitos señalados, descartando —por el momento— la responsabilidad penal de la magistrada y su marido.
Conforme detalla Europa Press, la defensa de Salomé Pradas fundamenta su solicitud en la gravedad que supondría, de comprobarse los hechos, la violación del derecho al juez predeterminado por la ley, además de un posible acceso no autorizado a información reservada para terceros ajenos a la instrucción. Por ello, insiste en la citación y declaración de las diferentes partes implicadas, así como en la aportación y examen de todas las comunicaciones y grabaciones referenciadas en la querella inadmitida.
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