
Durante el intercambio en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó su confianza en que no enfrentará acusaciones formales por delitos graves, respondiendo así a los señalamientos recibidos sobre diferentes asuntos que afectan a su cartera. A su vez, puntualizó que los procedimientos judiciales determinarán cualquier responsabilidad relacionada tanto con cuestiones vinculadas a su ministerio como con otros casos que afectan a representantes de distintos partidos y familiares de figuras políticas. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Grande-Marlaska rechazó de manera tajante las imputaciones y defendió la actuación de su ministerio frente a las ofensivas políticas promovidas por el Partido Popular en la Cámara Alta.
Según consignó Europa Press, el Partido Popular dirigió sus preguntas contra el ministro enfocándose en varias líneas de investigación y sospechas públicas. Entre ellas, acusaron a Grande-Marlaska de encubrir la presunta agresión sexual del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, mencionando de manera concreta un supuesto conocimiento previo de los hechos. Nidia Arévalo, senadora del PP, sostuvo que “usted lo sabía y lo tapó”, refiriéndose al incidente y sugiriendo que ese conocimiento era “vox pópuli en la Policía Nacional”.
Grande-Marlaska, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, respondió calificando las acusaciones de “bulo y mentira”, rechazando tener conocimiento previo de la presunta agresión y desafiando a la senadora Arévalo a sostener sus afirmaciones fuera del ámbito parlamentario, advirtiendo que en ese caso presentaría una demanda formal por las acusaciones vertidas. Explicó que su gestión se basa en la confianza en los procedimientos judiciales y en la actuación profesional de los cuerpos policiales. Además, criticó el tono empleado por la oposición, a la que acusó de hacer política desde la calumnia, acusación que definió como “miseria política”.
En otra línea de interpelación, el senador Fernando Martínez-Maíllo pidió aclaraciones por las conversaciones interceptadas de Whatsapp entre el marido del exministro Miquel Iceta y Koldo García, en las que se sugería un interés en almacenar armas en dependencias de Moncloa, recurriendo supuestamente a la mediación del comandante Rubén Villalba. Según detalló Europa Press, Grande-Marlaska respondió afirmando que todos los mensajes de Whatsapp incautados forman parte de causas judiciales abiertas, indicando que cualquier investigación adicional corresponde únicamente a la instrucción judicial. Añadió que el juez instructor tiene la capacidad de abrir diligencias complementarias si observa posibles delitos diferentes de los que ya se investigan. Durante este intercambio, el titular de Interior también dirigió críticas personales al senador del PP, señalando: “Es usted un ignorante y lo hace con mala fe; prefiero que sea usted ignorante, que no lo haga con mala fe”.
Europa Press informó que el PP planteó cuestiones sobre la eventual desaparición de un atestado policial vinculado a una fiesta durante las restricciones de la pandemia, supuestamente con la presencia de Felipe Sicilia, exdiputado socialista. Además, preguntaron sobre la asignación de protección policial a Sarah Santoalla. Arévalo censuró la medida señalando que se destinaban escoltas ministeriales a una “influencer tertuliana sin riesgo judicialmente acreditado”, mientras, según denunció, las agresiones sexuales alcanzaban cifras históricas en España.
El ministro argumentó su postura explicando que las fuerzas de seguridad cuentan ahora con más personal, mejor capacitación y recursos ampliados, en comparación con períodos anteriores. Remarcó que desde 2018 la cifra de agresiones sexuales se ha duplicado, una tendencia que atribuyó a factores complejos, y aseguró que el refuerzo de medios intenta dar cobertura adecuada a la respuesta institucional. Destacó que no interviene ni dirige personalmente las investigaciones correspondientes a las unidades especializadas, como la Unidad Central Operativa (UCO) o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), reiterando su respeto por la autonomía de las fuerzas policiales.
En su defensa, Grande-Marlaska expresó textualmente que no puede asegurar si su gestión será evaluada de forma positiva o negativa, pero afirmó sentirse tranquilo porque “seguro que no terminaré ante un tribunal acusado de graves delitos”.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el ministro extendió su confianza a la actuación judicial en casos que afectan tanto a representantes socialistas como a líderes o familiares de dirigentes populares. Entre ellos mencionó la adquisición de mascarillas durante la pandemia, implicando al expresidente de la Diputación de Almería, vinculado al PP, así como los casos en que se investiga al hermano y novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Definió tales prácticas como “éticamente reprobables”, aunque subordinó cualquier valoración al resultado de los tribunales.
El medio Europa Press resaltó que, durante el debate, Grande-Marlaska insistió en la plena colaboración de su ministerio con la justicia y rebatió cualquier insinuación de ocultamiento, subrayando que corresponde a los jueces delimitar responsabilidades en cada investigación. Las tensiones entre Gobierno y oposición durante la sesión reflejaron la polarización en torno a cuestiones de transparencia, presuntas irregularidades y gestión de los recursos de seguridad, en un marco de confrontación parlamentaria creciente.

