La madre de Gabriel Cruz exige proteger a las familias de víctimas de delitos violentos

Almería, 11 mar (EFE).- Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, ha publicado este miércoles, coincidiendo con el octavo aniversario del hallazgo del cuerpo del menor, un comunicado dirigido a su hijo en el que exige mayor protección legal para las familias de víctimas de delitos violentos y denuncia graves irregularidades protagonizadas por la asesina desde la prisión.

A través de un escrito concebido como una carta personal, redactada tras acudir al médico en la misma mañana en que se cumplen ocho años de la detención del "mal encarnado", Ramírez trata de explicarle a su pequeño "cómo avanzamos".

El texto ha sido compartido públicamente como muestra de agradecimiento a la "gran marea de buena gente" y al "equipo" que ha brindado su acompañamiento a los padres, desde que concluyeron aquellos "doce días de tortura" tras su desaparición.

No obstante, la madre subraya el profundo "despropósito" que supone tener que seguir recurriendo a los juzgados "para defender nuevamente nuestra integridad física y moral" tanto tiempo después.

En este aspecto, Ramírez revela que han tenido que denunciar formalmente "el mal hacer" de la autora del crimen desde la cárcel, apuntando además hacia "funcionarios públicos que prefirieron no mirarte y hacerle regalitos".

La familia reprocha abiertamente la "producción de un documental contraviniendo la ley orgánica que protege tu imagen para contar una nueva versión de los hechos".

En el terreno penitenciario, Ramírez expone que todavía desconocen aspectos clave sobre el patrimonio de la condenada para liquidar su pena y denuncia el "incumplimiento del reglamento penitenciario con la obtención de móviles de forma ilícita y uso espurio de llamadas personales para hablar con periodistas".

Asimismo, el comunicado advierte de que la dirección de la cárcel y los funcionarios habrían sido amenazados "presuntamente" por la asesina "con sacar todo si no atienden a sus peticiones", un extremo expuesto en unas diligencias en Ávila y sobre el cual la familia asegura no haber recibido información.

Frente a este "desolador escenario", Patricia Ramírez pone en valor los "grandes pasos" logrados a nivel legislativo e institucional. Celebra el cambio impulsado en 2023 en las leyes de protección frente a la violencia a la infancia, que estipulan el consentimiento obligatorio para usar la imagen de los menores, y agradece contar con una "buena trinchera de amor" social que defiende la memoria de Gabriel frente a quienes buscan lucrarse.

Ramírez resalta también su participación en unas jornadas del Consejo General del Poder Judicial, donde exigió a jueces y fuerzas de seguridad que eleven el estatuto de la víctima a ley orgánica para garantizar derechos fundamentales. Según sus palabras, las víctimas necesitan una sociedad que las proteja "de que nos usen y del trato cruel" para no ser politizadas ni instrumentalizadas.

La carta de Patricia finaliza con una promesa dirigida a su "Gabrieloto": continuar peleando para que la asesina "cumpla su condena" sin que su nombre manche el recuerdo del niño, luchar para que la defensa de los derechos de las víctimas no dependa de la "falta de presupuesto, conocimiento o empatía", y esforzarse por "sonreír más a la vida". EFE

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