IU impulsará un cambio de ley en el Congreso para que se reconozca a García Caparros como víctima

Uno de los apartados centrales de la reforma legislativa impulsada por Izquierda Unida (IU) incluye la incorporación de los crímenes cometidos hasta el 1 de enero de 1983 por agentes estatales en actos oficiales como motivo válido para reconocer a las víctimas bajo la actual Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. De acuerdo con los detalles difundidos por IU, esta iniciativa busca modificar tanto esta ley como la Ley de Memoria Democrática de 2022, con el objetivo de ampliar el marco legal para la consideración de víctimas de violencia institucional producida durante la transición y los últimos años de la dictadura.

Según informó el medio, IU ha registrado la propuesta en el Congreso para posibilitar el reconocimiento de Manuel José García Caparros, joven de Málaga que falleció en diciembre de 1977 tras recibir un disparo durante una manifestación por la autonomía andaluza. Hasta la fecha, la legislación vigente no consideraba los casos previos a 1983 dentro del estatuto de víctima del terrorismo ni de la represión franquista. Eva García Sempere, responsable de Organización de IU, expuso en rueda de prensa la necesidad de que los afectados por la actuación de agentes estatales en el periodo anterior a 1983 sean reconocidos también por la ley.

Tal como detalló el medio, la propuesta de IU cuenta ya con el respaldo del grupo parlamentario Sumar y se articula en seis apartados. La medida contempla modificaciones a diversos artículos para incluir que los delitos perpetrados por agentes del Estado antes del citado año también sean razón para acceder al reconocimiento que ofrece la norma. El texto destaca que el actual marco normativo deja fuera del amparo legal a víctimas como García Caparros, y pretende corregir esa laguna jurídica.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció recientemente, según publicó el medio de comunicación, que la vía más ágil para reconocer oficialmente a García Caparros como víctima sería una reforma en la Ley de Memoria Democrática. El propio ministro señaló que las disposiciones actuales impiden dicho reconocimiento bajo las categorías de víctima del terrorismo o de la represión franquista.

La reforma propuesta por IU introduce una nueva disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, replicando elementos que figuraban en la derogada normativa de Memoria de 2007. Dicha normativa, según detalló el ministro Grande-Marlaska y recogió el medio, ofrecía un marco más favorable para que personas como García Caparros fueran reconocidas como víctimas de la dictadura.

En esa línea, García Sempere afirmó ante los medios, tal como consignó la fuente original, que el no reconocimiento del joven malagueño constituye un “error gravísimo” por parte del Ministerio del Interior. Además, dejó claro que IU no se quedará solamente en la denuncia, y avanzará con el procedimiento legislativo para evitar que otras víctimas de violencia policial asociada al periodo previo a la consolidación democrática queden excluidas de los mecanismos de reconocimiento, reparación y justicia.

La dirigente de IU añadió que tanto la familia de García Caparros como la propia formación llevan años insistiendo en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Según puntualizó, se trata de continuar con la lucha por el acceso a la verdad histórica y a las garantías democráticas, reclamando primero acceso a la información y posteriormente reconocimientos institucionales y restauración de derechos. García Sempere subrayó que la modificación legal busca garantizar que los casos similares no vuelvan a quedar sin respuesta legal, y que las víctimas reciban las mismas garantías y apoyos, sin excepción en función de la fecha en la que se produjeron los hechos.

La anterior Ley de Memoria de 2007 establecía, según reportó el medio, un entorno legal que facilitaba el reconocimiento de la condición de víctima para personas que sufrieron violencia institucional durante los años finales de la dictadura y la transición, algo que la legislación vigente dejó fuera. IU explica que su objetivo consiste en regresar, y en lo posible ampliar, ese marco que la ley de 2022 restringió.

El grupo parlamentario Sumar, junto a los diputados de IU, ha formalizado su adhesión a la iniciativa, cuya tramitación se efectuará en el Congreso. Esta decisión se basa en la evidencia conocida, según subraya IU y recoge la fuente, de que García Caparros perdió la vida como consecuencia de un disparo policial en el curso de una manifestación autorizada, lo que reforzaría la necesidad de su reconocimiento como víctima de violencia de Estado.

La propuesta de reforma, de acuerdo con la información difundida por IU y recogida en la cobertura periodística, prevé modificar la ley para consolidar garantías jurídicas que permitan a las víctimas de actuaciones oficiales de agentes estatales acceder a los derechos actualmente reconocidos exclusivamente para víctimas del terrorismo posterior a 1983. La iniciativa pretende zanjar vacíos normativos y avanzar en el proceso de reparación histórica de quienes resultaron perjudicados en contextos de represión estatal durante la transición y el final del franquismo.

El debate sobre la fecha límite para reconocer a las víctimas ocupó un lugar central en las explicaciones de IU, ya que la propuesta define el 1 de enero de 1983 como hito legal e histórico para establecer derechos de acceso a la condición de víctima y a los mecanismos de protección y reparación recogidos en la ley. IU argumenta que los crímenes de violencia institucional cometidos antes de esa fecha deben dejar de estar excluidos de la normativa, actualizando así las disposiciones legales para abarcar todos los casos vinculados al proceso de recuperación democrática.

La propuesta se produce en un contexto de debate sobre las políticas de memoria y reconocimiento institucional, y representa una respuesta a las limitaciones legales experimentadas por las víctimas y sus familiares según lo manifestado por IU y consignado por el medio. Con la nueva redacción legal planteada, el objetivo es eliminar barreras administrativas y legales que continúan impidiendo el acceso a la condición de víctima reconocida para quienes sufrieron violencia institucional durante la transición y los años finales de la dictadura.