Un juez archiva la causa del supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Municipal de Madrid en 2021

La decisión judicial expuesta en el auto consultado por Europa Press dejó sin efecto todas las medidas cautelares que se habían impuesto a los investigados, tras constatar que no existen pruebas que respalden las sospechas sobre irregularidades en los procesos de selección de la Policía Municipal de Madrid de 2021. El juez de Instrucción número 31 de Madrid determinó el archivo de la causa, resolviendo, según lo recogido en el auto, que la denuncia presentada por la Asociación de la Policía Unificada de Madrid (APMU) no tenía sustento suficiente "más allá de la mera sospecha".

De acuerdo con Europa Press, el magistrado consideró que las actuaciones realizadas durante la investigación resultaron insuficientes para sostener las acusaciones sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y uso indebido del secreto por funcionario. Entre los investigados figuraban altos mandos como el comisario jefe Oskar de Santos, el excomisario José Luis Morcillo y el exintendente Miguel Carmona. Estos responsables atribuyeron, en sus declaraciones, la denuncia a un intento de daños políticos, al señalar que se trató de un "montaje" y que la oposición habría empleado la causa como "ariete político" contra la imagen de la Alcaldía de Madrid.

La causa se originó tras la denuncia de la APMU, organización que sostenía que algunos miembros del tribunal de oposiciones habrían filtrado preguntas del examen a ciertas academias y aspirantes. El procedimiento judicial se centró en los exámenes convocados en 2021 mediante un decreto de 2 de julio para cubrir seis plazas de la Policía Municipal, convocatoria en la que participaron 230 aspirantes. El análisis jurídico recogido en el auto detalló que sólo el presidente del tribunal tenía conocimiento completo del contenido de la prueba y ninguno de los vocales aparece denunciado en el expediente.

Según la información expuesta en el auto, las preguntas de los exámenes fueron elaboradas por los propios miembros del tribunal, quienes no tuvieron acceso al conjunto del examen, y la clave de acceso fue remitida después. Estos hechos imposibilitaban que alguno de los implicados conociera anticipadamente el contenido global de la prueba. "No se sostiene de ninguna manera ninguna de las afirmaciones realizadas en el escrito de denuncia, más allá de la mera sospecha o afirmaciones sin elemento probatorio suficiente", subrayó el juez, de acuerdo con Europa Press.

La intervención del juzgado se produjo después de que la Audiencia Provincial de Madrid aceptara un recurso presentado por la APMU, al que se sumó el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM). En respuesta, la sala ordenó la reapertura de la causa, solicitando un mayor esclarecimiento de los hechos y las posibles circunstancias relevantes para la calificación de los mismos. No obstante, tras estas diligencias suplementarias, el juez finalmente dictó el sobreseimiento y archivo del caso por falta de pruebas sólidas.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras conocerse el archivo, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, pidió una "rectificación" por parte de los grupos de la izquierda, señalando que "algunos deberán rectificar las barbaridades que se han oído en los últimos días".

Por otro lado, la Asociación de la Policía Unificada de Madrid expresó su desacuerdo con la decisión judicial y lamentó que no se hubieran valorado todos sus argumentos ni su petición de nuevas pruebas, puntualizó Europa Press. Fuentes del colectivo indicaron que analizarán el auto para determinar la viabilidad de recurrir la resolución, según el mismo medio.

El precedente de esta causa se encuentra en la apertura de diligencias en 2022, cuando el magistrado accedió a investigar las imputaciones contra cinco miembros de la cúpula de la Policía Municipal por posible organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El denunciante justificó la presentación del caso al alegar la existencia de "notables indicios de irregularidades en varios procesos selectivos". Inicialmente, el magistrado encontró características en la denuncia que hacían presumir la posibilidad de infracción penal, lo que derivó en la apertura formal de la causa y la imposición de las medidas cautelares hoy revocadas.

Tras la instrucción y la práctica de diligencias, el juzgado concluyó que no existen indicios suficientes que permitan continuar adelante con la investigación. Según consignó Europa Press, el cierre de la causa deja sin efecto cualquier consecuencia procesal para los altos mandos señalados en la denuncia y extingue toda medida judicial impuesta previamente.