Los 'tories' prometen revisar "línea a línea" el acuerdo de Gibraltar antes de su aprobación en el Parlamento británico

Durante la reciente sesión parlamentaria en Reino Unido, distintos miembros conservadores han destacado la importancia de que el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas respecto a Gibraltar requiera autorización tanto en el parlamento británico como en la asamblea de Gibraltar antes de entrar en vigor, un proceso que, según detalló el medio Europa Press, aún se mantiene pendiente tras la publicación oficial del texto, que supera las 1.000 páginas y abarca cambios constitucionales profundos.

De acuerdo con Europa Press, la viceportavoz de Exteriores del Partido Conservador, Wendy Morton, expresó en la Cámara de los Comunes su preocupación por el contenido del acuerdo, señalando que transforma de manera significativa cuestiones relativas a la frontera, el aeropuerto y la legislación que rige al Peñón. Morton argumentó que, a pesar de la magnitud de las modificaciones, el parlamento británico sigue sin haber recibido una sola página del tratado. Además, advirtió que cualquier disposición que otorgue a España nuevos poderes sobre materias como la entrada, la residencia, la infraestructura o la seguridad en Gibraltar deberá ser objeto de un análisis exhaustivo “línea por línea” antes de ser eventualmente aceptada.

La demanda de un escrutinio detallado ante un texto de esta envergadura fue respaldada por la responsable de Exteriores tory, Priti Pratel, quien manifestó “serias dudas” en cuanto al contenido del tratado y remarcó que es imprescindible que su partido revise cada fragmento del documento. Según publicó Europa Press, Pratel enfatizó que los conservadores no aprobarán ninguna medida que, a su juicio, ponga en riesgo la soberanía británica o los intereses de Gibraltar. La dirigente también criticó en un comunicado la manera en que el gobierno laborista ha conducido las negociaciones, sosteniendo que se han realizado “durante meses en secreto”.

El acuerdo, resultado de negociaciones iniciadas en octubre de 2021 bajo un gobierno conservador y finalizadas en junio de 2024 por el gobierno laborista que asumió en julio del mismo año, precisa la doble ratificación parlamentaria mencionada para proceder a su implementación. Europa Press reportó que la negociación inicial se produjo con Boris Johnson como primer ministro y varios ministros tories de Exteriores, incluidos Dominic Raab, Liz Truss, James Cleverly y David Cameron. Estos dirigentes, según recalcó el actual ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, aceptaron la propuesta de que los controles fronterizos fueran realizados conjuntamente por autoridades españolas y gibraltareñas, punto que ha generado debate en Reino Unido.

En respuesta a las críticas de aquellos diputados que cuestionaron la intervención española en los controles de entrada, Picardo afirmó mediante un mensaje en X (antes Twitter) que “esta fue una propuesta aceptada por Boris Johnson como primer ministro y por Dominic Raab, Liz Truss, James Cleverly y David Cameron como ministros de Exteriores”. Añadió que “estas partes habían sido negociadas antes de que David Lammy y Keir Starmer fueran elegidos”, en referencia a los actuales responsables laboristas, y defendió el texto como un “acuerdo excelente para Gibraltar” que enfrenta los desafíos surgidos tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Stephen Doughty, secretario de Estado de Exteriores británico, defendió por su parte en un comunicado el valor del tratado, asegurando que “este tratado garantiza que la economía, el pueblo y el futuro de Gibraltar están protegidos como parte integral de la familia británica”. Subrayó también que el acuerdo “preserva la soberanía y da certeza cuando el modo de vida gibraltareño estaba amenazado”. Según publicó Europa Press, Doughty afirmó que “el compromiso de Reino Unido con Gibraltar nunca desfallecerá”.

La publicación del tratado ha avivado el debate sobre sus implicaciones prácticas y constitucionales. Además del control fronterizo y los efectos en la gestión del aeropuerto y la infraestructura local, el acuerdo introduce un marco legal renovado para el territorio, un aspecto que ha sido objeto de análisis por los partidos políticos británicos. El medio Europa Press detalló que el escrutinio parlamentario británico representa el siguiente paso en el proceso, donde los conservadores han reiterado su rechazo a apoyar cualquier posibilidad que vea menoscabada la autoridad británica sobre el Peñón.

Al fondo del debate subyacen los retos generados por el Brexit, con Gibraltar quedando en una posición singular tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según consignó Europa Press, Picardo ha recordado que el acuerdo responde a los “enormes problemas que nos creó el Brexit”, defendiendo que el texto permite afrontar las nuevas circunstancias políticas, jurídicas y económicas que afectan diaria y directamente a la población gibraltareña.

Mientras tanto, las autoridades españolas y gibraltareñas continúan sujetas al proceso de ratificación, a la espera de que ambos parlamentos den su visto bueno. La dualidad de controles acordada y los cambios en la legislación local han situado el centro del diálogo político en la redefinición de la relación de Gibraltar mediante mecanismos bilaterales y multilaterales, tema central del periodo negociador que se ha prolongado durante más de dos años.

Europa Press subrayó que, a partir de las deliberaciones y el minucioso análisis parlamentario que han prometido los conservadores, el futuro del tratado dependerá de la capacidad de las instancias legislativas de conciliar intereses y resolver objeciones, especialmente en lo que respecta a la soberanía y la gestión de fronteras. El panorama político en Reino Unido y Gibraltar se mantiene atento al desarrollo del proceso, con la validación final del acuerdo aún pendiente.