El manifestante de Montserrat contra el rey presenta demanda de conciliación contra la consejera catalana de Interior

El Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) determinó el sobreseimiento libre del procedimiento judicial abierto contra el ciudadano señalado por los Mossos d'Esquadra como presunto responsable de una agresión a un agente policial durante una protesta contra la visita del rey Felipe VI en la abadía de Montserrat, ocurrida el 23 de junio de 2025. A pesar de esta resolución, la consejera de Interior y Seguridad Pública de Cataluña, Núria Parlon, realizó declaraciones en el Parlament que, según la defensa del manifestante, lo vincularon nuevamente a la autoría del hecho, lo que ha motivado una demanda de conciliación en su contra. Según informó Europa Press, la acción legal se formalizó este jueves y el avance fue dado a conocer previamente por el medio 'El Món'.

El abogado del manifestante, Jaume-Alonso Cuevillas, argumentó en la demanda que la consellera atribuyó públicamente la comisión de una agresión contra un agente de los Mossos d'Esquadra a su representado, a pesar de la decisión judicial que descartó cualquier intencionalidad delictiva. Según detalló Europa Press, el juez responsable del caso basó el archivo de las actuaciones en las imágenes presentadas por la defensa, en las que se observa que el ciudadano portaba una caña de pescar con una bandera estelada, y que fue el forcejeo con los agentes lo que derivó en el contacto de la caña con la oreja de uno de los policías. Para el tribunal, el manifestante no tenía intención de provocar lesión alguna y tampoco se vio conducta que constituyera atentado o agresión a la autoridad, por lo que decidió el archivo definitivo del procedimiento.

A pesar de esta resolución, Núria Parlon declaró la semana pasada en el Parlament catalán que “en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión”. Estas palabras, según la parte demandante y consignó Europa Press, suponen una nueva atribución de responsabilidad a una persona exonerada judicialmente, al mantenerse la narrativa en torno a una supuesta agresión y lesión.

De acuerdo con la interpretación del abogado, las afirmaciones realizadas desde la tribuna parlamentaria han generado un perjuicio personal al manifestante, pues lo posicionaron de nuevo ante la opinión pública como autor de un acto grave contra la autoridad, a pesar del fallo exculpatorio. La demanda califica estos comentarios como “falsos y lesivos”, y sostiene que la consellera incurrió en una imputación sin fundamento legal, lo que acarrea daños a la reputación y a los derechos fundamentales de la persona afectada.

La conciliación presentada solicita que Núria Parlon admita que las declaraciones pronunciadas ante el Parlament “no se ajustan a la veracidad de los hechos producidos y son radicalmente falsas”. El escrito requiere una retractación pública, expresa y sin ambigüedad en la que se reconozca que el manifestante no cometió delito de atentado ni de agresión y que la consellera se comprometa a no reiterar este tipo de afirmaciones en ningún ámbito público o institucional.

En el auto de sobreseimiento citado por Europa Press, el análisis de las pruebas videográficas resultó determinante, ya que mostraron que el contacto de la caña de pescar (utilizada como soporte de la bandera independentista) con el agente se produjo como reacción a la intervención policial, descartando cualquier acción deliberada o violenta por parte del ciudadano involucrado en la manifestación del 23 de junio en Montserrat.

Por su parte, las declaraciones de la consellera Parlon, recogidas por Europa Press, insistieron en la percepción del agente policial como elemento de credibilidad, pero reconoció la ausencia de evidencia sobre la intencionalidad. A juicio de la defensa, este matiz resulta insuficiente, ya que la insistencia pública en la existencia de la agresión refuerza una acusación judicialmente descartada.

La acción legal en curso representa una respuesta a la exposición pública sufrida por el manifestante, quien fue inicialmente señalado en el contexto de la protesta contra la presencia del rey Felipe VI en la abadía de Montserrat. Según reportó Europa Press, la defensa subraya el impacto negativo que este tipo de atribuciones pueden causar cuando contradicen una resolución judicial exculpatoria.