El BNG ve apresurado concluir que el Rey "salvó la democracia" porque aún queda mucha información secreta sobre el 23-F

Néstor Rego, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, planteó que existen múltiples aspectos pendientes relacionados no solo con los hechos del 23 de febrero de 1981, sino también con decisiones posteriores de Juan Carlos I. Según publicó el medio que reportó las declaraciones, Rego manifestó que el verdadero alcance del papel del exmonarca en el fracasado intento de golpe de Estado todavía permanece cubierto por una cantidad significativa de información clasificada, lo que impide, en sus términos, sostener sin reservas la tesis de que “el Borbón contribuyó a salvar la democracia”.

El medio detalló que, en declaraciones realizadas en los pasillos de la Cámara Baja, Rego argumentó que hasta ahora persistió la “convicción” sobre una participación directa del entonces rey en el fallido levantamiento. A su juicio, resulta precipitado aceptar como definitiva la interpretación oficial que surge tras la reciente publicación parcial de documentos sobre el 23-F, ya que todavía hay aspectos clave ocultos por el carácter secreto de numerosos archivos.

Rego pidió avanzar hacia una desclasificación completa de toda la documentación vinculada con el intento de golpe, subrayando la necesidad de derogar la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. De acuerdo con lo señalado por el Bloque Nacionalista Galego y recogido por el citado medio, esa ley impide hoy aclarar del todo la magnitud y naturaleza de las responsabilidades individuales y colectivas que rodearon el evento.

El portavoz gallego sostuvo también que la percepción predominante sobre el comportamiento del rey emérito durante el 23 de febrero de 1981 podría modificarse si se accediera, sin restricciones, al conjunto de la documentación reservada. Rego remarcó que la versión pública actual no refleja necesariamente el papel efectivo desempeñado por Juan Carlos I en la crisis, y advirtió que una interpretación demasiado apresurada podría distorsionar el análisis histórico del acontecimiento.

Al ser consultado por el citado medio sobre la posibilidad de que el exjefe del Estado regrese a España, Rego opinó que existen “muchos elementos” que justificarían su vuelta, aunque en su criterio ese retorno debería estar vinculado a comparecer ante la justicia por diversas causas aún no resueltas. Rego sostuvo que, en su opinión, dicha justicia “no existe en nuestro país” y agregó que las cuentas pendientes del emérito no se limitan al papel jugado en el 23-F, sino que involucran acusaciones posteriores de corrupción y presunto incumplimiento con Hacienda, cuestiones respecto a las cuales, afirmó, Juan Carlos de Borbón no ha rendido cuentas ante tribunales.

El medio citó las palabras del portavoz gallego, quien explicó que la falta de transparencia contribuye a que perviva una versión oficial que podría quedar en entredicho si se accediera a la totalidad de los archivos. Por esta razón, insistió en la derogación de la normativa vigente sobre secretos oficiales y reclamó un acceso íntegro a los documentos, para que la sociedad pueda construir una visión completamente fundamentada del episodio y de la actuación de la Corona en ese contexto.

Las demandas de Rego se enmarcan en un contexto de debate parlamentario sobre la conveniencia de modificar el marco legal que regula la protección de documentación sensible del Estado. Según consignó el medio citado, el BNG considera que solo mediante una liberalización total de los archivos se podrá esclarecer el grado de implicación o protección institucional que caracterizó la jornada del intento de golpe y que, mientras persista la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, la investigación permanecerá incompleta.

Entre las cuestiones señaladas por Rego también figuró la crítica a la premura con la que, a su entender, se ha instalado la conclusión sobre el supuesto papel salvador de Juan Carlos I en la defensa del sistema democrático. El portavoz insistió ante los periodistas en que el acceso limitado a los papeles públicos no basta para construir un relato histórico fidedigno ni para responder a las preguntas que aún se mantienen abiertas sobre responsabilidades y actuaciones en episodios posteriores al 23 de febrero de 1981.