La inspectora denunciante presentó una querella que describe no solo una presunta agresión sexual con penetración que habría sufrido a manos del entonces máximo jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, sino que además relató una “campaña de acoso y manipulación” para silenciarla. Parte de esa presión habría contado con la participación de Óscar San Juan, quien en ese momento desempeñaba funciones como asesor en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Tras estos hechos, Óscar San Juan fue apartado de su anterior puesto y destinado como jefe de brigada en la Comisaría General de Policía Científica, mientras el Ministerio del Interior abrió una investigación reservada que podría derivar en sanciones disciplinarias. Así lo detalló Europa Press a través de fuentes policiales y sindicales.
La medida de reubicar a San Juan en la Policía Científica fue adoptada mientras avanza la información reservada, precisan las fuentes consultadas por Europa Press. Esta decisión se ampara en la normativa interna y en casos similares ocurridos en el pasado, donde la suspensión de empleo y sueldo solo se aplica cuando ya existe una sentencia condenatoria, hecho que por el momento no se da en el caso de San Juan. El proceso judicial se encuentra todavía abierto: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid citó a la víctima y a José Ángel González para el 17 de marzo, según informó el mismo medio.
La querella interpuesta por la inspectora generó una reacción directa del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, anunció públicamente desde el Congreso de los Diputados la apertura de la investigación interna y la suspensión de Óscar San Juan de sus funciones como asesor de la DAO, cargo que le situaba en la cúpula de dirección de la Policía Nacional. Marlaska expresó sentirse decepcionado por la gravedad de los hechos que la inspectora denunció y subrayó que desconocía tanto la supuesta agresión como los intentos de encubrimiento, según consignó Europa Press.
José Ángel González, quien fue la máxima autoridad operativa de la Policía Nacional desde 2018 tras la llegada de Marlaska al ministerio, dejó su cargo oficialmente el 19 de febrero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó su cese, situación que derivó en su jubilación y pérdida de los privilegios asociados a su posición: abandonó la residencia oficial, perdió el coche institucional y el servicio de chófer facilitados por su estatus, según informó Europa Press.
En paralelo al avance judicial e interno, sindicatos policiales se manifestaron públicamente ante el Ministerio del Interior para exigir responsabilidades políticas y administrativas. El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) se concentró frente a la sede ministerial para pedir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y denunciar que a José Ángel González se le permitió “jubilarse tranquilamente, cobrando su pensión y sin expediente disciplinario”. David Gutiérrez, portavoz de CEP, criticó la falta de suspensión inmediata de empleo y sueldo tanto a González como a San Juan y afirmó, en declaraciones reproducidas por Europa Press, que “cualquier otro policía nacional hubiera tenido consecuencias inmediatas”.
CEP calificó de “inconcebible” que a San Juan se le trasladara a otro puesto en vez de someterlo a las mismas medidas de suspensión que, según el sindicato, se habrían impuesto en otros casos con menos notoriedad pública. Gutiérrez añadió: “Muy posiblemente, con la carga probatoria que tiene esa querella estaría detenido cualquier policía nacional”. Este sindicato protestó durante dos días consecutivos ante el ministerio, una movilización respaldada en la víspera por la organización Jupol, que también solicitó la dimisión tanto de Marlaska como del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
En relación a los reconocimientos institucionales, Jupol pidió la retirada de las condecoraciones ‘pensionadas’ que actualmente poseen tanto el exDAO como su antiguo asesor. Según información consignada por Europa Press, José Ángel González posee dos cruces rojas y Óscar San Juan una medalla de plata, todas ellas con pensión asociada.
La situación interna en la Policía Nacional queda marcada por el proceso abierto a partir de la denuncia de la inspectora y la investigación interna en curso. Mientras tanto, la reubicación de Óscar San Juan y la jubilación de González suscitan un amplio debate sobre la gestión de denuncias por acoso y agresión sexual dentro de las fuerzas de seguridad, así como sobre los procedimientos disciplinarios aplicados en ausencia de sentencia judicial.
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