El procedimiento judicial contra una exdirectiva del BBVA se enfoca en operaciones de factoring internacional realizadas entre 2015 y 2017, donde casi el 90% de estas transacciones no habría contado con las garantías requeridas, de acuerdo con la acusación. Esta omisión expuso a la entidad financiera al riesgo directo de impagos y, paralelamente, afectó de manera significativa la seguridad operativa del banco. La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para examinar este caso este miércoles, según consignó el medio, con la implicada enfrentando cargos por presunta administración desleal y falsificación documental, además de un perjuicio económico valorado en 44.260.702,34 euros, cifra que el Ministerio Fiscal señala como la cantidad total del supuesto fraude.
Según informó la fuente original, la acusada habría gestionado la mayoría de las operaciones de factoring sin solicitar ni contratar las coberturas que establecen los procedimientos internos de BBVA, particularmente las vinculadas a corresponsales internacionales. Este incumplimiento, sostiene la Fiscalía, supuso que el banco asumiera directamente el riesgo en caso de impago de facturas, alterando la lógica habitual de estos contratos internacionales, habitualmente protegidos por seguros y sistemas de corresponsalía para minimizar la exposición ante incumplimientos por parte de los deudores extranjeros.
La acusación describe que la procesada ocultó la falta de garantías a los departamentos especializados en control y verificación de la entidad, incluyendo en documentación interna referencias a coberturas que en la práctica no existían. El escrito presentado por el Ministerio Fiscal señala como agravante la manipulación de las comisiones correspondientes a corresponsales extranjeros. La acusada habría incrementado estas comisiones hasta en un 50%, según detalla el mismo documento, y habría canalizado los montos excedentes a cuentas instrumentales bajo su control directo.
El medio especifica que estas cuentas instrumentales llegaron a movilizar más de 22 millones de euros. Parte de este dinero se destinó a cubrir pérdidas originadas por operaciones de factoring fallidas, que no contaban con respaldo de ningún tipo de seguro internacional, actuando de forma paralela a los mecanismos ordinarios de compensación del banco. Otra porción de estos fondos, según reportó la fuente, se empleó en pagos directos a clientes de BBVA, con el objetivo de reducir deudas derivadas de operaciones similares carentes de garantías. Entre 2015 y 2017 se habrían realizado más de 200 abonos de este tipo, por encima de los cuatro millones de euros. Entre los beneficiarios figuran diversas empresas españolas del sector textil, industrial y agroalimentario.
La Fiscalía subraya que el núcleo del proceso se encuentra en el grave riesgo económico en que se colocó al BBVA, ya que el factoring sin recurso obliga, por normativa y práctica bancaria internacional, a la existencia de un corresponsal encargado de asumir el pago en caso de insolvencia del deudor. Tal como informó la fuente, este seguro de cobro básico fue interrumpido por la gestión de la acusada, quien alteró con sus acciones el funcionamiento ordinario tanto de los mecanismos de control como de verificación documental interna.
El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de siete años de prisión contra la exdirectiva, considerando dos delitos principales: administración desleal y falsedad documental mercantil. La condena, según el escrito presentado, contempla además el pago de una indemnización por el monto total del daño económico calculado, que asciende a 44.260.702,34 euros. Esta cifra, consigna la fuente, corresponde al importe total del supuesto fraude contra el BBVA durante los ejercicios revisados.
La investigación resalta que el proceso de manipulación de operaciones se realizó al margen de los procedimientos institucionales y sin conocimiento de los órganos de control del banco, lo que, según la acusación, permitió prolongar las irregularidades a lo largo de varios ejercicios. El caso se encuentra ahora en la fase oral ante la Audiencia Provincial, con la expectativa de que se aborden tanto las pruebas documentales recopiladas como los testimonios de responsables de control del BBVA y de empresas implicadas en las operaciones señaladas.
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