El PNV y Bildu instan a Mazón a dejar su escaño tras pedir la jueza su imputación por la dana

Diversos portavoces cuestionan la permanencia del exmandatario en el parlamento valenciano tras conocerse que la magistrada responsable del caso solicitó formalmente la investigación penal, subrayando la gravedad de los hechos y pidiendo responsabilidades inmediatas

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“Parece que las cosas son más graves de lo que parecen”, expresó Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco (PNV), al comentar la solicitud formal de investigación penal contra el exmandatario de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según informó el medio que publicó la noticia, las declaraciones de Vaquero evidencian una reacción inmediata de diversos portavoces tras conocerse el movimiento judicial encabezado por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, quien ha pedido la imputación de Mazón por su gestión durante la dana.

De acuerdo con la información que consignó el medio, representantes tanto del PNV como de Bildu consideran que Mazón debe dejar su escaño en las Cortes Valencianas. Maribel Vaquero, en declaraciones recogidas a su llegada al hemiciclo del Congreso, subrayó la gravedad de los hechos y solicitó que el exmandatario asuma responsabilidades inmediatas. Por su parte, Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de Bildu, manifestó: “Hace muchísimo tiempo que debería haber dejado su escaño”, enfatizando que, a juicio de su grupo, la permanencia de Mazón en el parlamento valenciano resulta insostenible tras la petición judicial.

El procedimiento penal que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra surge como consecuencia de la gestión de la dana por parte de la Generalitat Valenciana en el periodo en que Mazón ostentaba la presidencia regional. El medio detalló que la jueza ha solicitado expresamente la imputación del exmandatario autonómico, lo que incrementa la presión sobre este para que abandone su cargo parlamentario. La decisión judicial refuerza las críticas de los grupos nacionalistas y de izquierda en la Cámara, quienes insisten en la necesidad de asumir responsabilidades políticas de manera inmediata.

El caso ha estado en el centro del debate político desde que se conoció la solicitud formal de la magistrada, hecho que, según informó el medio, reavivó el reclamo de responsabilidad política que el PNV y Bildu mantienen frente a la gestión pasada de la Generalitat. La intervención de la jueza Ruiz Tobarra ha sido considerada por los partidos opositores como un elemento determinante que exige respuestas claras y la asunción de consecuencias institucionales por parte de Mazón.

Según publicó la fuente original, ambas portavoces parlamentarias señalaron que, frente al avance del procedimiento penal, la única salida viable para Mazón es la renuncia a su escaño. La portavoz del PNV destacó que la gravedad de lo ocurrido supera las expectativas iniciales y remarcó la importancia de la labor judicial para clarificar los hechos. Por otra parte, la representante de Bildu sostuvo que la salida del exmandatario del parlamento responde a una reclamación prolongada relacionada con la gestión de la dana y con la exigencia de transparencia en el uso de recursos públicos.

El medio indicó que tanto el PNV como Bildu reiteraron la necesidad de que la investigación judicial sobre la gestión de la dana siga su curso sin obstrucciones políticas. En su intervención, Vaquero hizo hincapié en la función de fiscalización que corresponde al parlamento y en la imprescindible separación de poderes para asegurar que cualquier responsabilidad derivada de la gestión pública sea debidamente depurada tanto a nivel penal como político.

La reacción de ambos grupos vino acompañada de una petición explícita para que el resto de formaciones representadas en las Cortes Valencianas respalden la exigencia de dimisión y favorezcan la transparencia en las actuaciones relacionadas con la investigación penal. Según reportó el medio, tanto PNV como Bildu consideran necesario recuperar la confianza ciudadana mediante acciones concretas en materia de ética institucional y rendición de cuentas.

El desarrollo del caso y la petición de imputación por parte de la jueza mantiene en vilo tanto a la opinión pública como a la actividad parlamentaria valenciana, en un contexto en el que la exigencia de responsabilidad política y judicial sobre la gestión de la dana se ha convertido en un asunto central del debate institucional.