Bildu y PNV retan a Sánchez a "hacer memoria de verdad" y recuerdan: hay documentos secretos más antiguos que el 23F

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, aludió a los próximos 50 años de los sucesos de Vitoria como una oportunidad para revisar otros episodios cuya información oficial continúa catalogada como secreta. Según publicó Europa Press, además de señalar el caso de los cinco sindicalistas fallecidos en el marco de la intervención policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, la representante de Bildu recalcó la necesidad de desclasificar datos relativos a la represión en los Sanfermines de 1978, al caso de Mikel Zabalza —quien perdió la vida bajo tortura en 1985— y a los crímenes cometidos por los GAL en tiempos del Gobierno de Felipe González. Este señalamiento se produce tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien informó que el Ejecutivo prevé desclasificar este martes la totalidad de la documentación referente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del suceso.

Tal como reportó Europa Press, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) cuestionaron que el Ejecutivo sólo aproveche fechas simbólicas como el aniversario del 23F para abrir expedientes reservados, instando al presidente Sánchez a que la memoria histórica se aborde de modo exhaustivo. Ambos grupos insistieron en que existen numerosos documentos oficiales —anteriores a 1981— cuya confidencialidad no se ha levantado, pese al interés social e institucional en esclarecer aquellos hechos.

El medio Europa Press detalló que el PNV lleva más de diez años promoviendo una reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, norma que actualmente regula el acceso y reserva a la documentación sensible del Estado. Esta formación ha presentado hasta cinco iniciativas legislativas en cada legislatura para modificar la ley, sosteniendo que la reserva documental no puede convertirse en obstáculo para la memoria democráctica. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, afirmó a través de la red social X: "Hagamos memoria de verdad. Con todo". En esa línea, la dirigente nacionalista requirió al Gobierno la desclasificación de los expedientes relativos a los sucesos de Vitoria y al caso Zabalza, ampliando el enfoque del ejercicio de memoria a todos los expedientes históricos con implicaciones relevantes.

Fuentes del PNV indicaron a Europa Press que, cuando la formación nacionalista ha reclamado al PSOE una actualización de la ley vigente desde 1968, la justificación oficial ha sido la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes. No obstante, los nacionalistas advirtieron que la decisión del Gobierno de desclasificar los documentos del 23F demuestra que un Ejecutivo con voluntad política puede actuar, aprobando en el Consejo de Ministros la apertura de archivos sin esperar una reforma legal integral.

Europa Press consignó que, de acuerdo con el planteamiento del PNV, el Ejecutivo central podría comenzar por levantar la reserva sobre expedientes previos a 1981 mientras busca o no los consensos necesarios para renovar el marco normativo del secreto oficial. La formación subrayó que existe información relevante sobre numerosos acontecimientos anteriores cuya desclasificación sigue pendiente y que la negativa a acceder a esos datos perpetúa la falta de esclarecimiento en casos como el de Vitoria, los GAL o la muerte de Zabalza.

Por su parte, Aizpurua, en declaraciones recogidas por Europa Press, consideró positiva la medida anunciada sobre el 23F, pero insistió en que esa decisión debería facilitar el acceso a verdad y justicia en otros episodios que continúan sin aclarar. “La desclasificación de los documentos del 23F es una buena noticia que debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave y que la sociedad vasca reclama y merece conocer”, afirmó la portavoz de Bildu.

El proyecto de ley que elevaría de forma definitiva el periodo máximo de reserva documental a 45 años fue presentado por el Ministerio de la Presidencia, pero su tramitación permanece paralizada en el Congreso, según informó Europa Press. La propuesta del Gobierno coincide con el límite temporal para levantar el secreto decretado en dictamen gubernamental tras el golpe de Estado de 1981, hecho que encuadra la decisión presidencial en el calendario, pero no resuelve la situación de archivos cuyo candado legal data de años anteriores.

Tanto Bildu como el PNV remitieron públicamente el mensaje de que la memoria histórica abarca más etapas que la del 23F y que la apertura de otros históricos reservados permitiría a la ciudadanía conocer en profundidad episodios que hoy se mantienen sin esclarecer ante la ausencia de acceso oficial a la documentación completa. En las últimas legislaturas, ambas formaciones han reiterado la reclamación de revisión normativa y han puesto como ejemplo la prolongación del secreto sobre los sucesos de Vitoria, que está cerca de cumplir medio siglo sin que hayan salido a la luz todas las pruebas oficiales sobre lo acaecido.

Europa Press refirió que, según los nacionalistas vascos, si el Gobierno central no dispone de mayoría política para renovar la legislación sobre secretos oficiales, podría avanzar de forma sectorial en la apertura de documentos históricos aprovechando la potestad del Consejo de Ministros. Esta estrategia permitiría al menos desclasificar expedientes centrales para la memoria vasca en tanto se debate una reforma integral de la ley en el Parlamento.