Alicante, 20 feb (EFE).- Los partidos de la izquierda en el ayuntamiento de Alicante, del PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, han vuelto a exigir este viernes la dimisión del alcalde, Luis Barcala, del PP, por "falta de ejemplaridad" en torno a las viviendas de protección pública de la ciudad.
La nueva petición de cese se produce después de que Barcala haya afirmado en una comparecencia sin preguntas que siente víctima de una "cacería" por una noticia difundida por eldiario.es sobre que su mujer cobra el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) adquirida en 2006, ya casada y en la que nunca vivió, lo cual se produce en plena investigación por el escándalo de las irregularidades en la adjudicación de unas viviendas públicas en la Playa de San Juan de Alicante.
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha manifestado que "cuando hablamos de vivienda pública, la ética no es opcional" por lo cual "Barcala debe dimitir por falta de ejemplaridad y falta de control" más allá de lo que determinen los tribunales porque "Alicante no puede seguir instalada en la sospecha permanente en torno a la vivienda pública".
"Lo que estamos conociendo estos días no es una cuestión legal sino ética", ha advertido la socialista, quien se ha preguntado si "¿es ético mantener durante casi veinte años el alquiler de una vivienda de protección oficial sin que sea tu residencia habitual?" y si "¿es ético que se lucre con ello la unidad familiar del propio alcalde?".
"La vivienda de protección oficial está para vivir, no para especular" pese a lo cual, ha proseguido, "en Alicante la vivienda protegida se ha convertido en terreno abonado para el privilegio y la cultura del pelotazo del PP".
Con el mismo tono, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha censurado a Barcala que hable de cacería cuando en realidad eso es lo que hizo el PP con la exvicepresidenta del Consell valenciano, Mónica Oltra, y le ha instado a dejar el cargo y a dar explicaciones "de todo lo que sabe de su gestión y de él mismo" ante la Justicia.
Le ha acusado de una "trama corrupta que trafica con nuestro suelo" y también le ha culpado de "soltar mierda a diestro y siniestro" y querer "abrir el ventilador de la porquería para que le salpique a todos".
Desde EU-Podem, su único concejal, Manolo Copé, ha señalado que el hecho de que la esposa del alcalde tenga una VPO alquilada "puede que sea legal" pero no es ni justo, ni ético ni responde "al espíritu con el que nacieron las viviendas protegidas" por lo que "la legalidad no puede convertirse en coartada frente a la dignidad de la gente trabajadora".
"Esto no es ninguna cacería, es un debate político de fondo que vuelve a señalar un sistema y un modelo de vivienda pública fallido, incapaz de cumplir su función social y demasiado permeable a lógicas de mercado que deberían estar fuera de ella", ha proseguido Copé. EFE
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