El Gobierno ultima una nueva normativa para liberar capacidad de las redes eléctricas

Madrid, 20 feb (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica está ultimando una nueva normativa para liberar capacidad de las redes eléctricas frente al "acaparamiento de permisos indebido", y asegurar que las peticiones firmes, por ejemplo, para nuevas viviendas, pueden conectarse y materializarse.

Ya en las próximas semanas presentará un primer paquete para regular la conexión técnica de las demandas conectadas con electrónica de potencia (renovables), según fuentes del ministerio, que han valorado el mapa de capacidad de la red de transporte de electricidad publicado este viernes por Red Eléctrica.

A tenor de la información facilitada por el operador del sistema eléctrico español, la red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25 % de sus nudos, que podrá ser otorgada a través del criterio general de prelación o mediante concurso.

Sólo en la red de transporte hay otorgados permisos de acceso y conexión a 129 gigavatios (GW) de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW de instalaciones de almacenamiento y 19 GW de instalaciones de demanda.

De estas últimas, desde 2022, cuando se aprobó la planificación vigente, se han otorgado 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio. Eso sí, disponen para ello de 5 años desde que obtuvieron el permiso -hasta 2027-.

Para el ministerio, la publicación de este mapa "demuestra que España es un gran polo de inversión", ya que cuenta con "energía limpia y competitiva, hay una buena situación económica y previsión de crecimiento" y tiene "talento y paz social".

Este "atractivo inversor" es tal que, desde 2020, se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución equivalentes a duplicar la demanda nacional en pocos años, lo que "ha limitado la capacidad disponible" para conectar nuevos proyectos.

En cualquier caso, "no hay saturación de las redes" sino "un acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda, a las que es preciso exigir criterios de robustez para evitar que retiren capacidad a otros proyectos", defienden desde Transición Ecológica.

El departamento que dirige Sara Aagesen viene actuando contra este acaparamiento de derechos de acceso, con medidas como establecer su caducidad a los cinco años o introducir la obligación de aportar el 10 % del coste de las actuaciones necesarias en la red antes de que se cumpla un año del permiso.

También trabaja con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el sector eléctrico, y está ultimando nueva normativa para liberar capacidad de las redes y asegurar que las peticiones firmes, por ejemplo, para nuevas viviendas, puedan conectarse a la red y materializarse.

En las próximas semanas presentará un primer paquete para regular la conexión técnica de las demandas conectadas con electrónica de potencia y facilitar que cumplan el criterio dinámico de la CNMC, evitar que destruyan capacidad de acceso en su entorno y, además, aflorar una capacidad relevante.

"Muchos países querrían estar en la posición de España, porque podemos seleccionar los mejores proyectos", sostienen las mismas fuentes, que abogan por "gestionar la abundancia para que dé los mejores frutos". EFE