El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha pedido que la asistencia letrada a extranjeros la hagan abogados especializados en la materia.
A través de una carta remitida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, González ha explicado la importancia de que la asistencia jurídica a personas extranjeras sea prestada exclusivamente por abogados especializados en la materia como forma de garantizar "la mejor defensa posible".
Esta demanda, como detalla la Abogacía en un comunicado, está relacionada con la propuesta de modificación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
"Cuando una persona extranjera se enfrenta a un procedimiento tan importante como la denegación de una autorización no está ante un mero trámite burocrático, sino ante decisiones que afectan directamente a su proyecto de vida, a su familia y a sus derechos fundamentales", ha asegurado González, aportando que "en esos momentos críticos la defensa no puede improvisarse: debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".
Del mismo modo, el Consejo General ha subrayado que la Abogacía cuenta con un amplio sector especializado en extranjería y protección internacional, con formación continua, comisiones y subcomisiones que respaldan a los profesionales y mantienen contacto fluido con las administraciones para mejorar la tramitación de expedientes. Además, todos los Colegios de la Abogacía ofrecen servicios de asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, el presidente de la Abogacía Española ha recordado que los abogados son "los profesionales más preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes".
En este sentido, los profesionales han considerado como imprescindible que todas las personas jurídicas inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE) designen obligatoriamente como responsable a un profesional de la abogacía colegiado en España, cumpliendo con todas las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.
Asimismo, ha solicitado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establezca requisitos claros para la inscripción en el RECE, de manera que se respalde la asistencia jurídica a los ciudadanos extranjeros y se proteja sus derechos.
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