El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor (Mallorca)

Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares indicaron que, si el archivo de la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor adquiere firmeza, el proceso administrativo para determinar si la empresa debe afrontar sanciones volverá a activarse. Según informó Europa Press, un juzgado de instrucción de Palma notificó a las partes el sobreseimiento de la investigación por presunto maltrato animal en dicha explotación, ubicada en el municipio mallorquín de Llucmajor, al determinar que, aunque se detectaron deficiencias higiénicas y sanitarias, estas no constituyen delito según la valoración judicial.

El juez consideró, de acuerdo con Europa Press, que la macrogranja mostró distintas “carencias”, pero el análisis de los hechos no permite calificar la situación como maltrato penalizable bajo la normativa vigente. La resolución del juzgado no es definitiva, ya que las partes involucradas aún pueden presentar recursos legales para reabrir la causa si consideran que hay elementos suficientes para un procedimiento judicial.

La denuncia original fue presentada ante la Fiscalía por las organizaciones Satya y ARDE, ambas dedicadas a la protección animal y medioambiental. Estas entidades acusaron a la macrogranja de posibles delitos contra la salud pública y por supuesta estafa. La denuncia se sustentó, entre otros aspectos, en una investigación publicada en abril del año pasado donde se documentó un importante déficit de condiciones higiénicas. Satya y ARDE reportaron la presencia de telarañas, acumulaciones de polvo y tierra junto con plumas, así como la convivencia de las gallinas con ratas y cadáveres de otros animales.

A raíz de la denuncia, inspectores del Govern de Baleares y la Guardia Civil ingresaron a las instalaciones. Las inspecciones resultaron en la clausura de una de las naves, según detalló Europa Press, como medida cautelar durante el desarrollo de las averiguaciones.

A pesar de los hallazgos de suciedad y animales muertos en el lugar, el juez determinó que las condiciones observadas carecían de la entidad necesaria para tipificarse como delito según el Código Penal. Europa Press apuntó que el sobreseimiento fue comunicado formalmente a las partes, entre ellas las entidades denunciantes y la empresa responsable de la macrogranja.

Mientras la vía penal ha quedado en suspenso, la administración autonómica de Baleares anticipó que, una vez resuelto en firme el archivo, podrá reabrir el procedimiento administrativo. Este proceso paralelo busca analizar las posibles infracciones en materia de sanidad animal y bienestar, así como las obligaciones de la empresa respecto a la limpieza y el control de plagas en sus instalaciones.

Satya y ARDE, las dos organizaciones que impulsaron la denuncia, venían alertando sobre las condiciones de la macrogranja desde el año pasado y publicaron fotografías y testimonios en sus plataformas. El contenido de la investigación incluyó evidencia visual de gallinas conviviendo en espacios con animales muertos y una falta general de mantenimiento. Según recogió Europa Press, estos documentos acompañaron la denuncia formal ante las autoridades.

El caso surgió en un contexto generalizado de escrutinio sobre las condiciones en macrogranjas en distintas comunidades autónomas. La actuación de la Fiscalía, a instancias de las organizaciones, motivó la intervención tanto de inspectores gubernamentales como del Instituto Armado. Tras la obtención de informes técnicos y el análisis jurídico, el juzgado concluyó la inexistencia de pruebas suficientes para continuar el procedimiento penal en este momento.

La notificación oficial del archivo ha sido trasladada ya a todas las partes implicadas, informó Europa Press. La decisión mantiene abierta la posibilidad de recurso, por lo que no puede considerarse cerrada de manera definitiva hasta agotar los plazos legales y la revisión de los eventuales recursos presentados.

La macrogranja avícola de Llucmajor, cuya titularidad gestionaba la empresa bajo investigación, fue centro de debates públicos y movilizaciones ciudadanas desde que se conocieron los detalles de la investigación impulsada por las organizaciones animalistas. Durante las inspecciones iniciales, la intervención de la Guardia Civil permitió recabar muestras, documentos y registros, cuyo análisis formó parte del expediente judicial, reportó Europa Press.

Si el archivo se mantiene y ninguna de las partes recurre, el procedimiento administrativo podría delimitar responsabilidades en el ámbito de la normativa autonómica y derivar en las sanciones pertinentes a la explotación por cuestiones vinculadas a la falta de higiene o control de animales en sus instalaciones. Las autoridades baleares, a través de su Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, confirmaron la intención de reactivar estos trámites al agotarse la vía penal.

El caso de la macrogranja de Llucmajor, según lo documentado por Europa Press, refleja tanto las limitaciones de la vía penal para sancionar determinadas conductas como la función de los procedimientos administrativos en materia de bienestar animal. Los próximos pasos dependerán de la resolución definitiva acerca del archivo y de las acciones legales que decidan interponer las partes afectadas por la decisión judicial.