
El análisis encargado a un comité de expertos sobre la regulación jurídica y constitucional de las adquisiciones especulativas de viviendas ha determinado que es legal, según expresó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una comparecencia ante los medios en Vilanova i la Geltrú. De acuerdo con lo reportado por diversos medios como Europa Press, Urtasun insistió en que la regulación de este tipo de operaciones debe figurar como un elemento central en las negociaciones presupuestarias de la Generalitat de Catalunya.
La propuesta de Urtasun sitúa la problemática de la vivienda como prioridad en el debate sobre los próximos presupuestos catalanes. Según consignó Europa Press, el ministro destacó que el 56% de las transacciones inmobiliarias en Catalunya se efectúan al contado, un dato que, en sus palabras, revela la naturaleza especulativa de la mayor parte de estas operaciones y se aparta de las adquisiciones tradicionales que realizan las familias mediante hipotecas. Urtasun reclamó por ello la adopción de una regulación clara y urgente para evitar que inversores que no buscan un uso residencial familiar dominen el mercado.
El ministro expuso que no basta con meros ajustes menores, sino que consideró absolutamente imprescindible establecer instrumentos de intervención estatal en el sector residencial para hacer frente a lo que definió como el principal problema social en la comunidad autónoma. Según publicó Europa Press, Urtasun señaló que los socialistas han mostrado históricamente resistencia a la regulación del mercado de la vivienda, aunque remarcó que, desde la perspectiva de su partido, aplicar restricciones y medidas de intervención resulta prioritario para solucionar la crisis habitacional.
Al tiempo que reclamó la regulación de las compras especulativas, Urtasun enmarcó su postura en el contexto político más amplio, refiriéndose a la propuesta de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, sobre la formación de un frente de izquierdas a nivel estatal. El ministro describió el planteamiento como un debate “muy positivo”, aunque advirtió que el escenario electoral permite tomarse el tiempo necesario para estructurarlo de manera adecuada antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Europa Press informó que Urtasun puntualizó que resulta esencial que el Gobierno mantenga su agenda y siga desplegando políticas orientadas a la ampliación de derechos y la mejora de las condiciones de vida durante el año y medio restante de la legislatura.
En el discurso recogido por Europa Press, Urtasun sostuvo: “Es absolutamente imprescindible que en el marco de la negociación presupuestaria, que Susana, Jéssica y los compañeros están sacando adelante, haya una regulación muy clara de las compras especulativas”. Este pronunciamiento subraya la exigencia de que el Parlamento catalán incorpore medidas específicas que limiten la capacidad de inversores para adquirir grandes cantidades de propiedad inmobiliaria sin la intención de destinarlas a residencia habitual.
El análisis solicitado por el ministerio para evaluar la viabilidad de estas regulaciones fue realizado por un comité de expertos especializados en derecho y cuestiones constitucionales. Según detalló Urtasun a Europa Press, el dictamen de este comité deja claro que tales intervenciones no incurren en vulneraciones jurídicas ni constitucionales, lo cual abre la puerta a una legislación más firme y dirigida a preservar la función social de la vivienda.
Europa Press también informó que, sentado en el terreno político, el ministro Urtasun manifestó expectativas hacia la actuación conjunta de las fuerzas de izquierdas para consolidar una mayoría progresista, tanto en Cataluña como a escala nacional. En palabras de Urtasun, la clave para renovar el mandato de izquierdas reside en la capacidad del Ejecutivo actual para impulsar nuevas conquistas sociales y consolidar los avances logrados.
La cuestión de la vivienda adquiere así un tono de urgencia en los debates presupuestarios catalanes, impulsada por la constatación de las crecientes operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y la falta de mecanismos suficientes para garantizar el acceso familiar a residencias. Europa Press remarcó que Urtasun reiteró la importancia de poner límites claros a las operaciones que desvirtúan la función social de la propiedad residencial y consideró fundamental que el gobierno de la Generalitat asuma un papel activo en el diseño de fórmulas legales para enfrentar este fenómeno.
En cuanto a la composición social de los actores implicados en la negociación presupuestaria, Urtasun hizo referencia específica al esfuerzo de Susana, Jéssica y otros compañeros en sacar adelante propuestas que priorizan el control sobre las compras especulativas, siempre con vista a colocar este asunto en el centro de la acción legislativa y del gasto público en los próximos ejercicios fiscales.
Desde el punto de vista institucional, la insistencia en la viabilidad legal de limitar las compras especulativas ofrece respaldo a los partidos y colectivos que demandan mayor intervención estatal. Según Europa Press, esta argumentación jurídica refuerza la posición política del ministerio y sus aliados en el seno del gobierno autonómico, brindando base para impulsar cambios normativos orientados a proteger el mercado residencial frente a dinámicas inflacionarias provocadas por la especulación.
La postura adoptada por el ministro de Cultura, de acuerdo con Europa Press, se alinea con una tendencia creciente en los debates públicos y parlamentarios sobre el papel del Estado en la regulación del derecho a la vivienda. El impulso para situar la vivienda en el eje de la negociación presupuestaria responde al incremento de operaciones inmobiliarias orientadas a la inversión y no al uso inhabitual, cuestión que alienta la subida de precios y dificulta el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.
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