El PP traslada a la Comisión Europea su "preocupación" por la semilibertad concedida al exjefe de ETA 'Txeroki'

El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha destacado que, de los 119 presos de ETA en cárceles vascas, un mínimo de 112 han accedido a permisos penitenciarios que les permiten desplazarse libremente por el País Vasco, hecho que podría favorecer encuentros inesperados entre excarcelados y sus víctimas. Según informó el medio, esta situación ha resultado particularmente sensible porque, según los eurodiputados del PP, ninguno de los presos beneficiados ha demostrado un arrepentimiento genuino ni ha mostrado cooperación con la justicia, a pesar de que existen más de 300 atentados sin esclarecer.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, una carta dirigida al comisario europeo de Justicia recoge la preocupación del PP europeo ante la decisión del Gobierno español de conceder un régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki'. La misiva —firmada por Dolors Montserrat, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido y Borja Giménez Larraz— advierte al Ejecutivo comunitario sobre la dimensión social y jurídica del caso, encuadrando la concesión de este régimen como parte de una práctica recurrente y no como un simple acto administrativo. Los firmantes resaltaron que la aplicación de beneficios penitenciarios resulta desproporcionada y que la mayoría de estos privilegios recayeron sobre condenados por terrorismo: desde 2021, de 35 casos gestionados bajo el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, 30 correspondieron a presos de ETA, cifra que representa el 85% del total, según detalló el medio.

El progreso penitenciario para miembros de ETA ha suscitado inquietud en relación con el entorno político, según publicó el medio. Los europarlamentarios del Partido Popular señalaron en su comunicación que el partido del Gobierno depende de EH Bildu —a la que identificaron como heredera política del entorno de ETA— para su estabilidad parlamentaria. Afirman que EH Bildu ha reclamado de forma reiterada un trato penitenciario más flexible para los reclusos vinculados con la organización armada, así como su traslado y excarcelación, lo que a su juicio puede influir directamente en la toma de este tipo de decisiones.

Se destaca en la carta que la coincidencia continuada de estas medidas con pactos de partido eleva el riesgo de que la política penitenciaria se use con fines políticos, en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los principios del Estado de Derecho. Según explicaron los europarlamentarios en la misiva reproducida por la fuente, solicitan a la Comisión Europea que interrogue al Gobierno de España sobre la base legal y las circunstancias de las concesiones a Aspiazu Rubina. Plantean también la necesidad de solicitar datos sobre cualquier muestra de colaboración judicial o de remordimiento por parte de los beneficiados, así como información sobre medidas implementadas para asegurar la protección de las víctimas y los procedimientos disponibles para que estas sean escuchadas antes de autorizar permisos penitenciarios.

El medio detalló que los firmantes de la carta subrayan que estas concesiones parecen contradecir los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025), diseñada para proteger a quienes podrían enfrentar secuelas adicionales tras un delito violento, atendiendo especialmente a lo señalado en los artículos 18 y 22 de la Directiva 2012/29/UE. Mencionan que el proceso de reforma de esta directiva coincide con la concesión de la semilibertad a Aspiazu Rubina, lo que incrementa la percepción de contradicción entre la política nacional y los compromisos europeos en materia de derechos de las víctimas.

En la misiva, enviada a la Comisión Europea y citada por la fuente, se denuncia que, a pesar de la gravedad de los delitos por los cuales Aspiazu Rubina resultó condenado, las autoridades han aplicado las disposiciones penitenciarias a su caso de manera que los eurodiputados consideran desviada respecto a sus atribuciones. Asimismo, argumentan que las víctimas de los atentados llevan tiempo sin ser notificadas ni escuchadas durante los trámites de concesión de libertades condicionales, y tampoco cuentan con recursos efectivos para impugnar estas decisiones una vez iniciada la fase de ejecución de las penas.

Según información reiterada por el medio, los representantes del Partido Popular en el Parlamento Europeo pretenden con este requerimiento que se esclarezcan los criterios seguidos por España en estos casos y que se revisen las garantías existentes para proteger los derechos y voz de las víctimas del terrorismo, a la luz de los estándares de la Unión Europea.

El documento remitido destaca la dimensión política de las recientes decisiones, argumentando que los pactos parlamentarios han coincidido con la flexibilización de la concesión de beneficios penitenciarios. Los europarlamentarios subrayan como necesario para la Unión Europea obtener datos claros para evaluar si se respetan la normativa comunitaria y los principios que rigen la protección a las víctimas, según reiteró la fuente.