La Policía alerta del aumento de denuncias por supuesta pérdida de pasaporte para acogerse a regularización de migrantes

La mayor parte de las denuncias por pérdida de pasaporte registradas por extranjeros en España durante el último mes corresponde a ciudadanos pakistaníes, con un incremento porcentual del 866,67% respecto al mismo periodo del año anterior, seguidos de nacionales de Argelia, Marruecos y Colombia, según cifras detalladas en un oficio interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. De acuerdo con los datos revelados por 'El Español' y citados por Europa Press, este notable aumento de denuncias coincide temporalmente con el anuncio del Gobierno sobre una regularización extraordinaria dirigida a personas migrantes.

Tal como publicó Europa Press, la Policía Nacional ha emitido una alerta interna que instruye a los funcionarios responsables de recibir este tipo de reportes a realizar una verificación completa de la identidad y de la situación administrativa del denunciante, especialmente si la persona carece de documentación en regla. Según el oficio difundido el pasado 10 de febrero, las oficinas de denuncias y atención al ciudadano (ODAC) han observado un repunte del 60% en los reportes de supuestas pérdidas o sustracciones de documentos, principalmente pasaportes, desde el 15 de enero hasta el 6 de febrero de 2026 en comparación con el año anterior.

La coincidencia de este fenómeno con el proceso de regularización extraordinaria, autorizada mediante trámite urgente por el Consejo de Ministros el 27 de enero, ha provocado inquietud entre sindicatos policiales. Según reportó Europa Press, varias organizaciones sindicales alertaron sobre la posibilidad de que la medida actúe como incentivo para la presentación de denuncias fraudulentas, lo que denominaron “el fraude del pasaporte perdido”. Estas organizaciones sostienen que la ausencia de refuerzo en recursos humanos y materiales conlleva riesgos para la seguridad y puede servir de estímulo adicional para las mafias que operan en el tráfico y la trata de personas.

La nueva normativa permitirá regularizar a migrantes que demuestren al menos cinco meses de permanencia en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales, según detalla el Ejecutivo en el acuerdo alcanzado con Podemos. También podrán acogerse a este proceso quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa fecha. El objetivo declarado es otorgar igualdad de derechos a los beneficiarios y responder a las necesidades sociales y económicas identificadas por el Gobierno, según consta en la documentación oficial a la que tuvo acceso Europa Press.

En la comunicación interna revelada por Europa Press, la Policía Nacional confirma que, durante las identificaciones realizadas a quienes presentaron denuncias de extravío, se han descubierto numerosos casos con antecedentes penales o policiales, tanto en España como en otros países. También se han identificado casos de falsificación de identidad, al utilizar documentos a nombre de terceras personas, así como situaciones en las que los denunciantes disponían aún de resoluciones administrativas vigentes relacionadas con extranjería.

Por instrucciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se ha recomendado a las unidades policiales responsables que procedan a una comprobación exhaustiva de la identidad y de la situación en España de cualquier ciudadano extranjero que declare la pérdida, extravío o sustracción de su documentación en las oficinas ODAC o comisarías, siempre garantizando el derecho de la persona a dejar constancia de la denuncia correspondiente.

Los colectivos sindicales han manifestado de forma reiterada a Europa Press su oposición al procedimiento de regularización extraordinaria, vinculando la decisión del Gobierno a un interés político y señalando deficiencias en la preparación institucional para afrontar el volumen de solicitudes previsto. Según las organizaciones consultadas, el efecto que podría provocar dicha medida incluye un incremento en los intentos de regularización mediante procedimientos indebidos, como la denuncia de pérdida de pasaportes, y un mayor riesgo de manipulación por parte de redes delictivas especializadas en la explotación de migrantes.

Durante el periodo analizado por la Policía, el aumento de las denuncias no se distribuye de forma uniforme entre las distintas nacionalidades, sino que afecta en mayor medida a determinados colectivos. Las cifras oficiales recogidas por Europa Press sitúan a los ciudadanos pakistaníes en primer lugar, seguidos por argelinos (con un incremento del 356,25%), marroquíes (con un 114% más de denuncias) y colombianos (con una subida del 39%). El documento interno no especifica los números absolutos, pero subraya el carácter significativo de estas variaciones relativas dentro del conjunto de la población extranjera en proceso de regularización.

En el análisis facilitado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se plantea la hipótesis de que muchas de estas denuncias funcionarían como una estrategia para acreditar la presencia en territorio español, requisito indispensable para acceder al proceso extraordinario de regularización anunciado por el Gobierno. En consecuencia, la Policía Nacional intensifica el control sobre estas actuaciones y solicita a los agentes un escrutinio detallado al recibir cualquier declaración de pérdida de pasaporte o cédula de identidad de ciudadanos sin documentación.

Por la forma en que se ha organizado el nuevo procedimiento, el número de solicitudes para regularización extraordinaria podría verse directamente influenciado por la presentación de estos partes de extravío, lo que añade una complejidad adicional al trabajo de verificación y control. Europa Press también detalla que, según los sindicatos policiales, la falta de recursos adicionales y la premura en la puesta en marcha del real decreto pueden agravar la situación en las oficinas de atención, aumentar la carga de trabajo y dificultar la detección efectiva de posibles fraudes.

En este escenario, la Policía Nacional recalca en sus comunicaciones internas la necesidad de aplicar criterios estrictos de identificación y verificación, y de mantener una actitud vigilante ante las posibles consecuencias que el proceso de regularización extraordinaria puede acarrear en términos de seguridad y control migratorio.