Covite denuncia un nuevo tercer grado "fraudulento" concedido al preso de ETA Asier Arzalluz "sin arrepentimiento"

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite sostiene que Asier Arzalluz Goñi mantiene vínculos explícitos con el entorno político próximo a ETA, según informó el medio que recogió su posicionamiento. La organización destaca que Arzalluz figura en listados actualizados de Etxerat —la agrupación de familiares de condenados relacionados con ETA adscritos a Sortu— y advierte que su imagen se utiliza en actos públicos que reivindican la excarcelación de estos presos. Covite argumenta que estos hechos contradicen cualquier señal de arrepentimiento genuino, uno de los elementos que la ley contempla para la concesión de beneficios penitenciarios como el tercer grado obtenido recientemente por Arzalluz Goñi, según consignó el medio que difundió la denuncia.

De acuerdo con lo publicado, dicho colectivo denuncia la reciente decisión de otorgar el tercer grado penitenciario a Arzalluz Goñi, a quien se atribuyen condenas por delitos cometidos en el marco del terrorismo, incluyendo asesinatos, tentativas de asesinato, atentados, detención ilegal y almacenamiento de armas de guerra. En el año 2000, Arzalluz fue condenado por el asesinato de Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, y también se le declaró responsable del asesinato de Máximo Casado Carrera, por el que recibió condena en 2020. A finales de 2024, fue sentenciado a treinta años de prisión por la muerte de José Luis López de Lacalle en el año 2000.

El medio indicó que, a juicio de Covite, la resolución conocida se produce pocos días después de que se concediese el artículo 100.2 a ‘Txeroki’, otro condenado por terrorismo, y consideran que la política penitenciaria actualmente implementada en el País Vasco sigue una línea que “flexibiliza el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que prevé la ley para progresar de grado penitenciario”. El colectivo denuncia que la administración vasca está actuando en sintonía con los lineamientos marcados por la izquierda abertzale.

Covite se refirió también a las declaraciones de María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, quien defendió la legalidad de estas iniciativas de flexibilización carcelaria. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, afirmó que “claro que son legales”, pero puso énfasis en que con la misma ley podría haberse denegado el beneficio: “La ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas. La ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder. Ahí está la trampa”, recogió el medio entre sus declaraciones.

El colectivo plantea que el actual marco jurídico permitiría denegar el acceso a este tipo de medidas de semilibertad, sobre todo cuando, según argumentan, “no existe ningún gesto mínimo de arrepentimiento real ni de desvinculación” respecto al entorno político y social de la izquierda abertzale, al que según su análisis sigue perteneciendo Arzalluz Goñi. De acuerdo con sus declaraciones difundidas por el medio, Covite sostiene que “no se debería premiar con semilibertad a quien no ha hecho nada por merecerla”.

Según el reportaje, Covite advierte que la controversia se centra en la “interpretación interesada” del arrepentimiento exigido por la ley. Para la organización, el criterio sobre el arrepentimiento se ha reducido a un formalismo y ya no cumple la finalidad prevista por el ordenamiento legal, que sería la reinserción efectiva del penado mediante un arrepentimiento auténtico y constatable. Consuelo Ordóñez afirmó en ese sentido que solo a través de un arrepentimiento sincero y público, junto con la deslegitimación expresa de la violencia terrorista, se puede considerar viable una reintegración social. Ordóñez subrayó: “Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares”.

La agrupación alude a experiencias previas en las que aquellos que mostraron un arrepentimiento concreto y verificable rompieron con el entorno que defendía la violencia, distanciándose a su vez de formaciones como EH Bildu. A juicio de Covite, los escritos privados y genéricos —como las cartas utilizadas por el Gobierno Vasco para justificar el requisito de arrepentimiento— carecen de valor probatorio si no van acompañados de evidencias públicas que acrediten dicha ruptura.

El medio también reflejó la denuncia de Covite, en la cual se sostiene que el contexto político y social sigue glorificando a los presos relacionados con ETA, presentándolos como “presos políticos” y exhibiéndolos en actos públicos. Estas prácticas, a consideración del colectivo, generan un mensaje que “insulta a las víctimas, a quienes se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten constantemente las palabras”.

En el caso de Arzalluz Goñi, Covite reitera que “figura en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025)” y que su imagen aparece en actos de apoyo a reclusos de ETA, circunstancias que, en palabras del colectivo, resultan incompatibles con cualquier muestra creíble de arrepentimiento. “No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que la propia izquierda abertzale lo prohíbe expresamente desde hace muchos años”, agregó la organización de víctimas en declaraciones reproducidas en el reportaje.

Por otro lado, Covite remarca que “comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo porque cuando lo está, queda automáticamente apartado del entorno político y social de EH Bildu”, manifestaron a través del medio, para insistir en que ese no sería el caso de Arzalluz Goñi.

Finalmente, Covite reclama que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra la concesión del tercer grado, con el objetivo de impedir que esta medida se traduzca en una “amnistía encubierta” que, desde la óptica de este colectivo, vulnera el derecho de las víctimas a la justicia. El medio destacó que, según explican los representantes de víctimas, en la fase de ejecución de las condenas las víctimas no pueden estar personadas en el proceso, lo que deja en manos de la Fiscalía la responsabilidad de velar por su derecho a la justicia. Para Covite, “avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad”, según recogió el medio en su cobertura.