
El anuncio de una convocatoria de 500 plazas judiciales, la mayor en la historia de la democracia española y que prevé cubrirse en su mayor parte por oposición, marcó el contexto de un tenso cruce político en la sesión de control del Congreso. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, este anuncio fue realizado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien precisó que los puestos se asignarán según lo estipulado por la Ley Orgánica de 1985, siendo tres cuartas partes por el sistema de oposición y el resto por el llamado cuarto turno.
La sesión estuvo marcada por una acusación lanzada por Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, quien sostuvo que el Gobierno había negociado excarcelaciones de antiguos miembros de ETA, como Garikoitz Aspiazu, conocido como ‘Txeroki’, a cambio del apoyo parlamentario de Bildu. Según consignó Europa Press, Tellado planteó que los acuerdos del Ejecutivo con la formación abertzale han derivado en la salida de prisión de personas condenadas por terrorismo en el País Vasco, y criticó que esto ocurriera para garantizar la permanencia de Pedro Sánchez como presidente. Tellado denunció que la consejera vasca de Justicia, que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas por el Gobierno central, habría permitido estas excarcelaciones producto de supuestos pactos políticos con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi.
El dirigente del PP describió la salida de ‘Txeroki’ como el resultado de “decisiones políticas”, no judiciales, recordando que Aspiazu cumple condenas que suman 400 años por diversos atentados atribuidos a ETA y fue responsable, según sus palabras, de la muerte de al menos veinte personas. Tellado preguntó al Ejecutivo si se sentían satisfechos al ver en libertad a quien definió como “un asesino sanguinario", el cual podrá salir de la prisión de Martutene en Guipúzcoa de lunes a viernes para trabajar, de acuerdo con la información recabada por Europa Press. Además, el secretario general del PP insistió en su argumento de que estas medidas responden a un pacto con Bildu para mantener a Sánchez en la Moncloa.
Frente a estos señalamientos, el ministro Bolaños replicó que el Partido Popular recurre de manera recurrente al pedido de dimisiones y convocatorias electorales cuando se encuentra en la oposición, y acusó a Tellado de continuar usando las mismas preguntas y argumentos que en sesiones anteriores. Según Europa Press, Bolaños reprochó al PP su estrategia política, sosteniendo que el partido “está más cerca de la ultraderecha mundial que del PSOE”, al que calificó como una formación democrática y constitucionalista con más de medio siglo de trayectoria. El ministro afirmó que el PP emplea técnicas de manipulación y desinformación, como la difusión de bulos y mensajes polarizadores, y lo acusó directamente de “sembrar el odio”.
En la misma sesión, la diputada popular Cuca Gamarra trasladó al ministro Bolaños una pregunta sobre las prioridades del Gobierno en materia judicial, criticando especialmente el proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, al que etiquetó como una “ley de ineficiencia procesal”. Gamarra cuestionó que no se haya escuchado suficientemente a jueces, fiscales, abogados y funcionarios, e hizo referencia a los “desastrosos efectos” de la propuesta. Según detalló Europa Press, Bolaños defendió la iniciativa, argumentando que el proyecto ha sido elogiado por ministros del PP, como Rafael Catalá, y que el Consejo General del Poder Judicial ha reportado una disminución superior al 30% en los pleitos iniciados en el ámbito penal tras la introducción de las reformas procesales.
En cuanto a la política de personal en el ámbito judicial, Bolaños remarcó que las nuevas 500 plazas de jueces supondrán una convocatoria inédita en la democracia española. Detalló que los métodos establecidos por la Ley Orgánica de 1985 regulan la selección, afirmando que el grueso de los cargos se cubrirán por oposición y el resto por el mecanismo de cuarto turno. En su respuesta a Gamarra, el ministro subrayó que durante los mandatos anteriores del PP hubo años sin convocatorias de plazas de jueces, y llamó a la representante popular a respetar la labor y la profesionalidad de los jueces y magistrados del país.
Europa Press detalló que todo el debate se produjo en el marco de la habitual sesión de control en el Pleno del Congreso, con los principales partidos intercambiando acusaciones sobre la legitimidad de los acuerdos políticos, la gestión de los recursos en el sistema judicial y la relación entre poderes del Estado. El enfrentamiento incluyó cuestionamientos sobre el cumplimiento de pactos políticos, traspasos de competencias a comunidades autónomas y la respuesta institucional ante la demanda de mayor eficiencia en la justicia.
Las intervenciones reflejaron la persistente polarización entre los principales partidos en torno a temas sensibles como la política penitenciaria, el papel de los jueces y la relación con formaciones del espacio abertzale. Mientras el PP reiteró sus críticas a las concesiones que, según su criterio, el Gobierno hace a cambio de apoyo parlamentario, el Ejecutivo defendió la legalidad y transparencia de sus actuaciones y acusó a la oposición de alimentar la división social por razones partidistas.
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