La Fiscalía dice que la AN no es competente para investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz

El reciente movimiento procesal provocado por la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia ha derivado en que la Fiscalía se pronunciara formalmente acerca de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por supuestas responsabilidades en el accidente ferroviario de Adamuz, ubicado en Córdoba, donde se registraron 45 fallecidos. Según informó Europa Press, el Ministerio Público comunicó que no corresponde a la Audiencia Nacional investigar este caso, dado el aforamiento del ministro, lo que deja este tipo de investigaciones únicamente en manos del Tribunal Supremo.

Tras la recepción de la querella interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, el magistrado Antonio Piña, responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, requirió en enero a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal para abrir causa penal contra Óscar Puente y otras personas por supuestos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. De acuerdo con Europa Press, el juez abrió diligencias previas tras aceptar la denuncia mencionada, pero antes de avanzar solicitó el análisis del Ministerio Público sobre si procedía iniciar un proceso penal y qué diligencias deberían practicarse, en caso de estimarlo necesario.

Europa Press detalló que la posición del Ministerio Público se fundamenta en la condición de aforado de Puente, lo que implica que solo el Tribunal Supremo estaría autorizado para examinar cualquier posible responsabilidad penal en este contexto. De este modo, la Fiscalía recomendó no admitir la querella presentada por la Asociación Libertad y Justicia y desestimó la intervención de la Audiencia Nacional en la causa.

La Asociación Libertad y Justicia había presentado una denuncia tras el accidente ferroviario, apuntando presuntas irregularidades graves y señalando a Puente, junto con otras personas, como posibles responsables penales. Europa Press consignó que las acusaciones que contenía la denuncia abarcaban delitos de homicidio por imprudencia, negligencia grave, lesiones y prevaricación, derivados del siniestro donde perecieron decenas de personas.

Después de recibir la denuncia, el Juzgado Central de Instrucción Número 6, a cargo de Antonio Piña, tramitó el asunto de acuerdo con el procedimiento habitual, dando traslado inmediato al Ministerio Público y consultando sobre dos cuestiones clave: si la Audiencia Nacional tenía competencia para investigar a Óscar Puente y si procedía plantear la apertura de diligencias penales. Al no contar la Audiencia Nacional con las competencias necesarias sobre aforados, la Fiscalía se opuso a la admisión de la querella y detalló que el único órgano judicial con capacidad para abordar una causa contra un ministro es el Tribunal Supremo.

Europa Press subraya que el accidente ferroviario de Adamuz provocó un fuerte impacto social y jurídico por la magnitud de las pérdidas humanas. Tras la tragedia, se activaron diversos mecanismos legales para determinar la existencia de responsabilidades no solo administrativas, sino también penales. La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional buscaba establecer la posible implicación directa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en los hechos investigados, pero conforme a la respuesta del Ministerio Público, toda actuación judicial deberá quedar en manos del Tribunal Supremo mientras persista el aforamiento de Óscar Puente.

Las fuentes jurídicas consultadas y citadas por Europa Press ratifican que el dictamen de la Fiscalía implica el cierre de cualquier vía penal en la Audiencia Nacional respecto de Puente, así como la inadmisión de la querella promovida por la Asociación Libertad y Justicia. El proceso iniciado en enero por el juez Antonio Piña obedeció al protocolo para casos donde se denuncia a altos cargos del Gobierno. En estas circunstancias, la consulta al Ministerio Público y la revisión de la competencia judicial constituyen pasos obligatorios para garantizar las garantías procesales y el respeto a la legislación vigente sobre el aforamiento de altos funcionarios.

El medio Europa Press explica que este pronunciamiento de la Fiscalía se enmarca en una normativa legal que otorga protección judicial especial a ministros y otras autoridades, restringiendo la jurisdicción penal a un único tribunal, el Supremo. La resolución sobre la admisión o no de las diligencias penales depende del propio Tribunal Supremo, tal como determina la ley para altos cargos en ejercicio de sus funciones ministeriales. La decisión del Ministerio Público, al desestimar la querella en la Audiencia Nacional, paraliza cualquier investigación penal ordinaria hasta que, en su caso, se interponga el asunto ante el alto tribunal español.