
El juez Adolfo Carretero requirió recientemente una aclaración sobre el estado del escrito presentado por Elisa Mouliaá, en el que comunica que renuncia a la acusación particular contra Íñigo Errejón, dentro del proceso judicial por el presunto delito de agresión sexual. Esta petición responde a que el documento introducido por la actriz carece de la firma del abogado y procurador, un requisito fundamental en estos casos. A raíz de esta situación pendiente, el exdiputado Íñigo Errejón ha decidido no acudir hoy a la sede judicial de Plaza de Castilla, donde se le había citado para notificarle la apertura de juicio oral, según ha informado su defensa, declaró el medio Europa Press.
Europa Press detalló que la decisión de Errejón de no presentarse ante el juzgado se fundamenta en la necesidad de garantizar la economía procesal y la seguridad jurídica, principios que la defensa considera esenciales en toda actuación judicial. Las fuentes consultadas por el medio subrayaron que, hasta el momento, el equipo legal del exdirigente no tiene constancia de que Mouliaá haya corregido el defecto formal en su escrito de desistimiento. Por ello, la defensa transmitió: “Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá”.
Mientras tanto, la propia Mouliaá convocó a los medios de comunicación este mismo martes al mediodía, con el objetivo de anunciar públicamente su posición definitiva en torno a su continuidad como acusación particular. La actriz comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, aclarando que esta decisión todavía estaba siendo evaluada hasta el lunes, según la información publicada por Europa Press.
El medio Europa Press agregó que, de forma paralela a estos acontecimientos, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió el lunes para examinar un recurso interpuesto por la defensa de Errejón, en el que solicita anular el procesamiento del político. Dicha Audiencia solicitó al juez instructor que especificase si había recibido efectivamente la renuncia de Mouliaá a proseguir como acusación y si había adoptado alguna determinación al respecto. El juez había reconocido previamente la recepción del escrito de la actriz, pero insistía en su invalidez formal por no contar con la doble firma imprescindible de abogado y procurador. Por este motivo, el magistrado había solicitado a la actriz que regularizara el documento para que su petición pudiese ser tramitada adecuadamente. Según advirtió el instructor: si Mouliaá no subsanaba ese defecto, el proceso seguiría su desarrollo habitual, considerando que ya se pronunció la apertura de juicio oral y que persiste una acusación popular activa.
Según expuso Europa Press, el juez procesó a Errejón en noviembre, tras trece meses de diligencias en las que se tomó testimonio tanto al exdiputado como a Mouliaá, así como a testigos y especialistas en psiquiatría. Durante la fase de investigación, el magistrado solicitó a ambas partes que entregaran las conversaciones que mantuvieron cerca de la fecha en la que, según la denuncia de la actriz, ocurrió la presunta agresión sexual. El episodio denunciado se remontaría a una noche de octubre de 2021, posterior a la presentación de un libro de Errejón, tras un tiempo de interacción entre ambos por redes sociales. De acuerdo con el relato de Mouliaá, al concluir el evento ambos se dirigieron a un bar cercano y después ella invitó al político a acompañarla a una fiesta a la que tenía planeado acudir, según consignó Europa Press.
El juzgado encontró indicios suficientes para dictar la apertura de juicio oral, interpretando que la evidencia aportada y la versión de Errejón, junto con los peritajes y documentación presentada por el acusado, no habían desmontado por completo los argumentos de la denunciante.
En el transcurso de este proceso, la Fiscalía de Madrid presentó su solicitud de archivo del caso, por entender que los indicios disponibles resultan insuficientes para fundamentar la acusación, según reportó Europa Press. En sus conclusiones provisionales entregadas ante el juzgado, la Fiscalía pidió la libre absolución del exdiputado y argumentó que “los hechos no son constitutivos de delito”.
La acusación popular promovida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), representada por el abogado Jorge Piedrafita, aún se mantiene. La organización argumenta que subsiste un relato de hechos graves que vulneran la libertad sexual y sostiene que el juicio debe celebrarse a pesar de que tanto Mouliaá como el Ministerio Público han apartado sus acusaciones, detalló Europa Press. “Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes”, manifestó Piedrafita para el medio.
Europa Press precisó que la propia Adive insiste en que el mantenimiento de la acusación busca asegurar la protección de los derechos de la presunta víctima, quien ha afrontado un proceso judicial en solitario y con una amplia exposición mediática. La asociación recalca la intención de agotar todas las vías legales con el objetivo de garantizar que el proceso se desarrolle conforme a la legislación, en favor de los intereses de la víctima y de la justicia.
En su escrito inicial, Mouliaá había pedido una condena de tres años de prisión para el exdiputado. Actualmente, tras la retirada de la Fiscalía y el probable desistimiento de la acusación particular, la causa sigue abierta en función de la acción sostenida por la acusación popular. Esto mantiene, por ahora, el procedimiento en la Audiencia Provincial, a la espera de que se aclare el futuro de la acusación particular y de las eventuales decisiones del tribunal, según publicó Europa Press.


