Posponen las declaraciones de los investigados y testigos del caso del palacete de Getxo previstas para el día 25

El magistrado responsable de la instrucción en el caso sobre el derribo del palacete Irurak Bat, en Getxo, enfrenta la decisión de resolver los recursos presentados por las defensas de los investigados contra los registros practicados en sus despachos, que resultaron en la incautación de computadoras y documentos. Según reportó Europa Press, esta decisión queda pendiente hasta que la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por el Partido Popular (PP) y EH Bildu emitan sus informes acerca de si apoyan o rechazan la solicitud de anulación presentada por los abogados defensores.

De acuerdo con Europa Press, además de esta cuestión procesal relevante, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, Marcos Amor, determinó aplazar las comparecencias previstas para el 25 de junio, en las que debían declarar los diez investigados y dos testigos citados dentro de la causa por la demolición del edificio protegido Irurak Bat, derruido en 2024 para la futura construcción de viviendas de lujo. La nueva fecha para estas declaraciones todavía no ha sido establecida por el magistrado, una medida que responde a la petición expresa de los abogados defensores de los implicados, quienes enfrentan cargos por supuesta prevaricación y un presunto delito contra el patrimonio.

Entre los llamados a declarar en calidad de investigados se encuentran tres concejales del Partido Nacionalista Vasco (PNV), tres técnicos municipales, el administrador de la gestora de cooperativas involucrada en el proyecto, el responsable de la empresa constructora encargada de la demolición, el arquitecto autor del proyecto de construcción y otro profesional que participó en las labores relacionadas con esta actuación. Europa Press puntualizó que, en calidad de testigos, están citados un empresario que rechazó previamente la operación por considerarla inviable económicamente y el profesional que se encargó de la elaboración de la Inspección Técnica del Edificio (ITE).

Los registros ahora cuestionados por las defensas fueron autorizados por Neus Galobardes, quien ejercía como magistrada de refuerzo y estuvo a cargo de la investigación en los meses anteriores. Este procedimiento incluyó el acceso a despachos en dependencias municipales con la autorización judicial correspondiente y derivó en la incautación de materiales informáticos y documentación relevante para la causa. La petición de anulación pretende revertir los resultados de estos registros, argumentando supuestas irregularidades en el procedimiento, si bien el magistrado a cargo debe aguardar los posicionamientos de las partes acusadoras antes de emitir una resolución definitiva.

La investigación judicial gira en torno al derribo en 2024 del palacete Irurak Bat, un inmueble protegido y de carácter histórico en Getxo, derruido para dar paso a una promoción inmobiliaria de lujo. La instrucción busca esclarecer si existió la comisión de delitos de prevaricación administrativa y daño al patrimonio por parte de los responsables políticos y técnicos municipales, así como por parte de los actores privados implicados en la operación. Según lo consignado por Europa Press, las acusaciones afectan tanto a responsables públicos como a actores privados vinculados con el proceso de demolición y la posterior planificación de la construcción de viviendas.

Los detalles aportados por Europa Press incluyen la situación particular de los dos testigos llamados a comparecer. El empresario, que desestimó participar tras valorar la operación como económicamente inviable, podría aportar detalles sobre las circunstancias y motivaciones de la intervención privada en el inmueble. Por otra parte, el técnico encargado de la ITE se espera que explique las condiciones del edificio en el momento de la demolición, así como la validez de los argumentos utilizados para justificar su derribo ante el ayuntamiento y otras instancias.

Los recursos presentados por las defensas que cuestionan la legalidad de los registros realizados también involucran el análisis de la normativa procesal aplicada en el caso, así como el alcance de las incautaciones. Europa Press señaló que el juez tomará una decisión respecto a la solicitud de anulación de dichos registros una vez que haya recabado los argumentos de la Fiscalía, del PP y de EH Bildu. La resolución podría afectar las pruebas obtenidas en dichas circunstancias, con repercusiones en el avance de la instrucción.

El palacete Irurak Bat figuraba en el catálogo de protección municipal y contaba con reconocimiento por su valor arquitectónico y patrimonial. La demolición y los hechos investigados apuntan a una posible vulneración de la normativa urbanística, por lo que el caso ha incrementado la atención pública y política en la localidad vizcaína. La instrucción judicial sigue abierta, a la espera de las comparecencias que quedaron aplazadas y de decisiones clave como la válida o no de los registros, lo que marcará el rumbo de la investigación en curso.