La convocatoria se distingue porque concede prioridad a aquellas empresas que emplean a personas con discapacidad, conforme aparece en los pliegos y requisitos del concurso público. Esta política busca incentivar la integración laboral de colectivos que enfrentan barreras de acceso al empleo. La Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, ha lanzado un proceso de licitación para proveer urnas y equipos de oficina destinados a jornadas electorales, cuya inversión total supera los 1,4 millones de euros, según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De acuerdo con lo publicado por el BOE y recogido por diversos medios, el procedimiento prevé la adquisición y distribución de distintos materiales necesarios para la organización de procesos electorales o consultas populares. El acuerdo marco tendrá una duración de cuatro años, lo que permitirá cubrir la demanda de material durante futuros comicios que se celebren en este período.
La licitación contempla dos lotes diferenciados: el primero corresponde a urnas específicas para la votación, mientras que el segundo incluye lotes de material de oficina, indispensables para la gestión administrativa en cada jornada electoral. El monto global destinado a la adquisición de ambos lotes asciende a 1.423.151,46 euros, según detalló el medio oficial.
El número mínimo propuesto de operadores que podrán participar en esta licitación es de cinco, mientras que el máximo admitido alcanza los veinte, tal como consignó el BOE. Para optar a alguno de los lotes, las empresas deberán cumplir varios requisitos de solvencia administrativa y técnica. Entre las condiciones figura la obligación de estar al día tanto en las aportaciones a la Seguridad Social como en las obligaciones tributarias. Además, se requiere que las sociedades extranjeras presenten una declaración formal en la que acrediten su disposición a someterse a la legislación española vigente.
En relación con la experiencia exigida, el pliego de condiciones indica que las empresas candidatas tendrán que demostrar trabajos realizados de naturaleza similar en los tres años inmediatos anteriores a la convocatoria, validados por certificaciones de buena ejecución. Para el lote uno —referido a urnas—, el importe mínimo anual de los trabajos previos debe ser igual o superior a 129.243 euros. En el caso del lote dos —kit de material de oficina—, el umbral fijado es de 119.808 euros anuales.
Tal como detalló el BOE, el periodo establecido para la recepción de ofertas o solicitudes de participación se extiende hasta las 12:00 horas del 20 de marzo de 2026. Este margen de tiempo ofrece a las empresas interesadas la oportunidad de recopilar la documentación necesaria y cumplir con las exigencias establecidas en el concurso.
Dentro de los criterios para la adjudicación se establece expresamente una preferencia para aquellas compañías que cuenten en sus plantillas con trabajadores discapacitados, en consonancia con los objetivos de fomento del empleo inclusivo promovidos por la administración pública. Los requisitos buscan garantizar no solo la solvencia técnica y económica de quienes concurran a la licitación, sino también el cumplimiento de objetivos sociales relacionados con la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.
Este acuerdo marco refleja la planificación anticipada de la administración en materia electoral, permitiendo disponer de los recursos materiales esenciales para la celebración de elecciones o consultas populares en el tiempo y forma requeridos, tal como recoge el Boletín Oficial del Estado.
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