Piden cinco años de cárcel para un acusado de abuso sexual a una menor en un parque en Ortigueira (A Coruña)

El escrito del Ministerio Público detalla que, de ser condenado, el acusado deberá pagar a la menor afectada una indemnización de 3.000 euros en concepto de daños morales, además de quedar sometido a una serie de medidas para proteger a la víctima. De acuerdo con la información publicada por el medio, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan una condena de cinco años de prisión para el hombre procesado por un supuesto episodio de abuso sexual a una menor de 16 años, hecho que habría ocurrido en febrero de 2022 en un parque en el ámbito judicial de Ortigueira, en la provincia de A Coruña.

Según informó la fuente, el acusado se sienta en el banquillo de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde el juicio se desarrolla este martes. La celebración de la vista se lleva a cabo a puerta cerrada, a fin de salvaguardar la intimidad de la menor, tal como se acordó previamente, conforme detallaron tanto la Fiscalía como la acusación particular. En este proceso, la defensa del procesado exige su absolución y rechaza las imputaciones, mientras que las otras partes sostienen las acusaciones detalladas en el escrito de Fiscalía.

El Ministerio Público precisó que, en cuanto a la pena privativa de libertad demandada, ambas acusaciones proponen que se sustituya el tiempo de cárcel por la expulsión del acusado del territorio español, con prohibición expresa de regresar al país durante los próximos diez años. Esta solicitud responde a que el hombre se encuentra en prisión por una causa diferente, tal como recoge la documentación citada en la vista. Se suman a ella varias restricciones orientadas a la protección de la víctima.

En relación a las medidas postpenitenciarias, se incluyó la petición de que el procesado permanezca durante siete años bajo libertad vigilada, una vez cumpla la condena principal, tal como detalló el medio. Durante ese periodo, se prohibiría al condenado aproximarse a la menor a menos de 200 metros, ya sea en su domicilio habitual, en su centro de estudios o en cualquier espacio que frecuente, ni establecer contacto con ella a través de ningún canal de comunicación, incluyendo mensajes, llamadas, redes sociales o cualquier otra vía. Además de la indemnización por daños morales, estas disposiciones pretenden salvaguardar la seguridad y el bienestar de la joven afectada.

El acusado enfrenta el proceso privado de libertad en el presente por causas ajenas a este expediente, según consignó la fuente informativa. Tanto la Fiscalía como la acusación particular estructuraron sus solicitudes en torno a la gravedad de los hechos, la edad de la menor y la necesidad de protección de sus derechos fundamentales. La defensa sostiene la inocencia del procesado, solicitando su libre absolución y argumentando ausencia de prueba concluyente sobre su responsabilidad penal.

La vista oral, celebrada en la sección primera de la Audiencia Provincial coruñesa, permanece cerrada al público en virtud del interés superior de la menor perjudicada, tal como estipulan los protocolos judiciales para este tipo de delitos. El conjunto de medidas impulsadas por las acusaciones pretende evitar cualquier contacto, acercamiento o nuevo episodio que pueda poner en riesgo a la víctima, extendiéndose en total hasta trece años de medidas restrictivas y de vigilancia, contabilizando el tiempo solicitado de expulsión y libertad vigilada.