Pano dice que los 90.000 que llevó a Ferraz eran del dueño de Villafuel y que Aldama le habló del sobre de Delcy

La empresaria Carmen Pano ha asegurado este viernes como investigada en la Audiencia Nacional que los 90.000 euros que dice que llevó en metálico a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel. Además, ha indicado que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula a presunta financiación irregular de los socialistas.

Así lo ha señalado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su declaración ante el juez instructor, Santiago Pedraz, que también ha interrogado como imputada a la hija de Pano, Leonor González, que ha manifestado no tener relación con la presunta trama de fraude fiscal en el sector de hidrocarburos.

Pano ha vuelto a ratificarse en que llevó 90.000 euros, en dos tandas de 45.000, a la sede nacional del PSOE y ha precisado que el dinero era de Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos cabecillas del 'caso hidrocarburos'.

En este sentido, Pano ha contradicho a Aldama, que este jueves declaró que la empresaria no había entregado tal cantidad de dinero en la sede del PSOE porque él se lo hubiera dado.

La empresaria ha insistido en que llevó el dinero en bolsas a Ferraz, asegurando que una parte del efectivo se la dio Aldama y la otra se la entregó una persona vinculada a Rivas, a quien ha responsabilizado de estar detrás de todas las empresas y de dar las órdenes de las operaciones.

KOLDO ESTUVO EN TODA LA REUNIÓN DE VILLAFUEL

Y ha sido preguntada por el sobre de PDVSA que Aldama dijo ante el juez haber recibido de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, asegurando Pano que desconoce si contenía información sobre la financiación del PSOE, pero que Aldama le mencionó que le habían entregado documentación, aunque no le dio más detalles, ha dicho.

Además, Pano ha confirmado que en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020 sobre la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, que quería conseguirla, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, que era jefe de gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto.

El propio Díaz Bidart reconoció el pasado mayo como testigo en el Tribunal Supremo que participó en esa reunión y que, aunque no recordaba con quién estuvo, asistió a petición de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Díaz Bidart declaró que el exasesor estuvo presente al principio de la reunión para presentarle a los empresarios y que luego se marchó, si bien Pano ha afirmado que estuvo durante todo el encuentro y ha añadido que el excargo de Industria pidió que la documentación para la licencia de Villafuel se pasara a Koldo para que este después se la pasara a él, según las fuentes consultadas.

SEMANA DE CITACIONES

El juez Pedraz llamó a declarar para esta semana a Díaz Bidart --no pudo asistir-- y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. También citó a Rivas, que optó por no declarar, a Aldama, Pano y su hija. Y a Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una empresa, y Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo.

La UCO señaló que Rivas y Aldama eran los presuntos cabecillas de la trama, indicando que ambos "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

Y apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado, según los investigadores de la Guardia Civil, a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".