Pano dice que los 90.000 que llevó a Ferraz eran del dueño de Villafuel y que Aldama le habló del sobre de Delcy

Durante una reunión efectuada en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020 para discutir la licencia de operador de hidrocarburos de la empresa Villafuel, la empresaria Carmen Pano identificó la presencia continua de Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes, y de Juan Ignacio Díaz Bidart, quien se desempeñaba como jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto. Según informó Europa Press, Pano relató al juez instructor Santiago Pedraz que, en dicho encuentro, Díaz Bidart solicitó que la documentación relativa a la licencia de Villafuel llegara a sus manos a través de Koldo García, una dinámica que, según la empresaria, estructura la actuación de los involucrados en la presunta trama de irregularidades.

En su declaración ante la Audiencia Nacional como investigada en el caso hidrocarburos, Carmen Pano ha expuesto que los 90.000 euros en metálico que entregó en dos tandas de 45.000 en las oficinas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ubicadas en la calle Ferraz de Madrid, correspondían a fondos aportados por Claudio Rivas, propietario de la compañía de hidrocarburos Villafuel. La empresaria insistió, de acuerdo con lo informado por Europa Press, que parte de ese efectivo le fue entregado directamente por Víctor de Aldama y la otra por una persona vinculada a Rivas, añadiendo que este último daba las órdenes relacionadas con las operaciones y gestionaba las empresas implicadas.

Pano manifestó que fue Aldama quien le comentó sobre la recepción de un sobre vinculado a presunta financiación irregular de los socialistas, aunque puntualizó ante el magistrado que desconoce el contenido de esa documentación y que no recibió más detalles al respecto. Según consignó Europa Press, la empresaria subrayó que no sabe si ese sobre contenía pruebas sobre la financiación del PSOE, pero ratificó que Aldama le habló de dicha entrega vinculada a la mandataria venezolana Delcy Rodríguez.

La declaración de Pano contrasta con la versión ofrecida por Víctor de Aldama, quien un día antes aseguró al juez que la empresaria no había entregado tal suma de dinero en la sede socialista porque él no se lo había proporcionado. Según detalló Europa Press, la declaración de Pano fortalece la hipótesis investigativa que observa en Rivas y Aldama a los presuntos principales responsables de la trama, ubicándolos como responsables directos de controlar y coordinar las operaciones de las estructuras vinculadas.

Europa Press reportó que en la misma jornada declararon otros investigados ante el juez Pedraz, incluida Leonor González, hija de Carmen Pano. González aseguró que no tiene ninguna vinculación con la trama de supuesto fraude fiscal en el sector de hidrocarburos. También se citó a Claudio Rivas, quien optó por no declarar, y se llamaron a comparecer a Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una empresa relacionada; y Álvaro Gallego, presuntamente vinculado a la retirada de 108.500 euros en efectivo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en sus informes que Rivas y Aldama ejercían el control de ambas estructuras investigadas, ejerciendo la decisión, coordinación y supervisión de las operaciones bajo sospecha. Según recogió Europa Press, la UCO destacó que la supuesta trama logró acceso no solo al Ministerio de Transportes cuando estaba bajo la dirección de José Luis Ábalos, sino que también habría penetrado en los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y en Transición Ecológica y Reto Demográfico, encabezados entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

Los documentos de la investigación citados por Europa Press apuntan que Víctor de Aldama mantenía contactos con el entorno de Ábalos y, en virtud de esta relación, habría tratado de influir en los procesos administrativos para conseguir que Villafuel lograse la autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, a pesar de presuntas irregularidades y de no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Las diligencias judiciales de esta semana incluyeron la llamada a declarar a Díaz Bidart, quien no asistió, y a Marc Pons, jefe de gabinete de Teresa Ribera, según detalló Europa Press. El propio Díaz Bidart, que declaró previamente como testigo ante el Tribunal Supremo en mayo pasado, reconoció su participación en la reunión sobre la licencia de Villafuel a petición de Koldo García, aunque aseguró que no recordaba exactamente con quién coincidió ni todos los detalles del encuentro. No obstante, Pano contradijo esa versión afirmando que Koldo estuvo presente durante toda la reunión y que la documentación administrativa debía pasar por él para llegar a Díaz Bidart.

Dentro de las pesquisas, la UCO afirmó, de acuerdo con Europa Press, que la trama operativa en el sector de hidrocarburos tenía como objetivo la obtención de autorizaciones y licencias a través de la influencia en altos cargos ministeriales y mediante contraprestaciones económicas. El sistema que describen las investigaciones implicaba una coordinación articulada para asegurar el acceso a documentos oficiales y a la tramitación de acuerdos favorables para Villafuel, incluso si no se cumplían todos los trámites legales exigibles.

Por otro lado, Europa Press recogió que la supuesta intervención de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, se sitúa en el marco de la entrega de documentos o un sobre relacionado con la financiación irregular, aspecto sobre el cual Carmen Pano ha declarado no tener plena información. Según el medio, Víctor de Aldama describió ante el juez que habría recibido este material de manos de Rodríguez, ampliando la trama hacia otras conexiones internacionales.

El marco de la investigación se centra en la posible existencia de una red que, según la UCO, se habría infiltrado en distintos organismos de la administración española con el fin de obtener beneficios económicos y administrativos. Europa Press detalló que una de las tácticas señaladas por los expertos de la Guardia Civil consistía en utilizar a individuos con acceso a altos funcionarios para favorecer a empresas concretas, como Villafuel, y superar, a cambio de contraprestaciones, las trabas legales para operar en mercados especialmente regulados como el de hidrocarburos.

La causa judicial denominada 'caso hidrocarburos' continúa su curso en la Audiencia Nacional, con nuevas convocatorias a imputados y testigos e indagaciones centradas en la circulación de sumas de dinero en efectivo y en la influencia presuntamente ejercida para la obtención de recursos y autorizaciones por parte de empresas del sector.