Madrid, 30 ene (EFE).- Los dos eurodiputados que se querellaron por acoso contra Luis Pérez Fernández, Alvise, tras abandonar su formación política, han pedido al magistrado del Tribunal Supremo que se dirija al Parlamento Europeo para que informe sobre las medidas de seguridad adoptadas para protegerles en la eurocámara.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado explica que en las recientes declaraciones de Diego Solier y Nora Junco por un lado y de Alvise por otro ante el magistrado Manuel Marchena, se ha abordado la cuestión de si a raíz de los hechos investigados se ha incrementado de manera oficial la seguridad del Parlamento en especial protección de los dos europarlamentarios.
Al respecto, el abogado explica que Alvise "negó que hubiera visto a nadie en los pasillos del Parlamento en vigilancia" de los dos eurodiputados o "que se hubiera incrementado la seguridad a tal efecto", al tiempo que declaró que "sus despachos no estaban al lado y que creía (no pudo asegurar) que se habían cambiado de sitio".
En este contexto, el letrado solicita al magistrado que se oficie al Parlamento Europeo en Bruselas para que proporcione información sobre las medidas de seguridad que se han adoptado sobre ellos.
En concreto, quiere saber qué medidas concretas se adoptaron, desde cuándo y si continúan vigentes, cuáles son las razones así como la valoración del riesgo realizada para su adopción, cuál es la disposición de los despachos y si se han cambiado en algún momento.
El abogado busca "acreditar la veracidad de los hechos" así como "las incongruencias" en las que incurre Alvise y el impacto que sus declaraciones han tenido en la vida profesional de los querellantes.
Precisamente este lunes, Alvise negó al juez haberles acosado y aludió a un contexto de confrontación política y de un cambio de orientación de principios de sus excompañeros, que abandonaron su formación política, Se Acabó La Fiesta, por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los comicios europeos de 2024.
Una semana antes, ellos ratificaron su querella por revelación de secretos y acoso, en la que denuncian una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de unos mensajes que Pérez había publicado sobre ellos, y sostienen que llegaron a temer por su integridad física al revelarse también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.
Alvise tiene otras tres causas abiertas en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral. EFE

