
La investigación de la comisión del Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) finalizó tras más de dieciocho meses de sesiones y comparecencias, en un contexto en el que el foco principal recayó en las prácticas de la institución bajo la dirección de José Félix Tezanos. Según consignó el medio, el Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en la cámara alta, utilizó el cierre de los trabajos para imponer su propio dictamen, en el que acusa a Tezanos de incurrir en “corrupción institucional” y exige su inmediata salida para recuperar la credibilidad perdida del CIS.
De acuerdo con la información difundida por la misma fuente, el texto aprobado por el PP alcanza una extensión de cuarenta y una páginas. En sus conclusiones, el informe sostiene que la continuidad de José Félix Tezanos en la presidencia del CIS supone un grave obstáculo para que el organismo recupere tanto su imparcialidad original como la confianza de la sociedad. El documento, detalló el medio, señala la “falta de rigor” del presidente y reclama su dimisión inmediata, calificándola como una medida de “imperativo ético y moral” con el fin de facilitar la regeneración democrática de la entidad y restaurar sus estándares metodológicos.
Durante el desarrollo de la comisión, según publicó el medio, comparecieron sociólogos, especialistas en demoscopia y solo un representante político, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. A lo largo de estas sesiones, el principal desacuerdo giró en torno a las modificaciones y la falta de consenso en las propuestas presentadas por los diferentes grupos. El medio reportó que el PP desestimó las aportaciones de las demás formaciones políticas y logró aprobar su informe, que también denuncia “irregularidades jurídicas” por parte de Tezanos.
Entre los principales argumentos expuestos por el PP en su informe, destaca la acusación de un “retroceso metodológico” en el CIS, acompañado de lo que califican como “una desviación en las pautas de análisis y una instrumentalización de técnicas demoscópicas al servicio de intereses ajenos a la investigación científica”. El medio, citando el documento del PP, recoge la afirmación de que “El CIS de Tezanos no comete errores demoscópicos, sino falsificaciones metodológicas intencionadas, que derivan en una manipulación del debate democrático”, y sostiene que este comportamiento constituye una de las formas más graves de “corrupción institucional”.
El informe agrega como propuesta reglamentaria que el mandato del presidente del CIS pase a un periodo de cuatro años, renovable solo una vez, y que el cargo solo lo ocupe quien carezca de experiencia previa como cargo público o político en los cinco años anteriores, garantizando así una “dedicación exclusiva”. Además, el PP, según detalló el mismo medio, refuerza su postura apoyándose en los testimonios de diversos expertos, cuyos análisis señalan la existencia de “irregularidades metodológicas y sesgos sistemáticos” que, en su evaluación, han transformado al CIS en un actor percibido como parcial, minando la utilidad del organismo y su papel científico dentro de la sociedad.
Uno de los puntos especialmente controvertidos del dictamen, según subrayó la información publicada, se refiere a la adjudicación de las encuestas electorales a Tragsatec, una empresa vinculada a Tragsa, dependiente del sector público. El PP argumenta en su documento que el encargo realizado por el CIS a Tragsatec no se ajusta a los estatutos de la empresa ni concuerda con lo que estipula la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, indica que “la realización de encuestas sociológicas no figura en el objeto social de Tragsatec” por lo que su contratación se declara “improcedente e ilegal” según el texto citado por el medio. Los populares enfatizan la supuesta ausencia de solvencia técnica y de experiencia relevante de Tragsatec, según el testimonio de varios comparecientes.
El diagnóstico sobre la situación del CIS, según reiteró el medio, es presentado por el PP como una “crisis profunda, estructural y sostenida en el tiempo”, responsable, según el dictamen, de “erosionar el prestigio acumulado durante décadas por la institución” y de provocar el “descrédito generalizado” entre especialistas, medios y profesionales del ámbito demoscópico. El grupo señala que el CIS ha perdido credibilidad científica, y que entre los expertos consultados existe un diagnóstico mayoritario sobre la percepción de sesgo, manipulación y falta de rigor en la labor realizada bajo la dirección de Tezanos.
Otro de los argumentos expuestos por el PP, consignados por el medio, apunta a la “pérdida de neutralidad” de José Félix Tezanos, que atribuyen a su trayectoria previa como dirigente del PSOE y a sus manifestaciones públicas. En esta visión, su doble perfil de militante y presidente del CIS habría conducido a una dirección del organismo dominada por la parcialidad política y la subjetividad, incompatibles con los principios de objetividad y neutralidad institucional.
La propuesta concluida por el PP enfatiza la necesidad de instalar en la presidencia del CIS a una persona ajena a responsabilidades políticas recientes y comprometida exclusivamente con los objetivos científicos del organismo, de acuerdo con lo expuesto por el medio. De este modo, según el texto impulsado por la mayoría en el Senado, solo una dirección neutral y rigurosa devolvería al CIS su condición de referente científico y de herramienta útil para la deliberación democrática.
Con el cierre definitivo de la comisión senatorial y la imposición del dictamen del grupo mayoritario, se reabre el debate sobre la legitimidad, la independencia y el funcionamiento de las instituciones demoscópicas en el espacio público español, en un momento caracterizado por fuertes tensiones entre los diferentes partidos respecto al uso e interpretación de los datos sociológicos en el contexto político.


