El 50 % de trabajadores del sector social sufre agresiones verbales y el 10 %, físicas

València, 30 ene (EFE).- Una de cada dos personas trabajadoras del sector social en España ha sufrido agresiones verbales, una de cada cuatro ha recibido amenazas y una de cada diez, agresiones físicas, según el Informe Estatal sobre Violencia y Desprotección en el Sector Social (2025) presentado este viernes en València.

El informe de la Plataforma de Profesionales del Sector Social también resalta que el 70 % del personal de este sector carece de estabilidad laboral y percibe salarios inferiores a la media estatal.

El documento ofrece un análisis de los datos recogidos a través de una encuesta estatal realizada a 1.937 profesionales de diferentes ámbitos de intervención entre abril y octubre de 2025.

Concluye que el sector se encuentra inmerso en una precarización estructural que afecta a las condiciones laborales, emocionales y organizativas de quienes lo sostienen.

También se ha presentado la Plataforma estatal de Profesionales del Sector Social, cuyo presidente, José Ángel Romero, ha explicado a EFE que nace para "crear un espacio de lucha y de presión a las grandes organizaciones sin competir con las organizaciones sindicales".

El análisis constata que el deterioro de las condiciones laborales no solo vulnera derechos fundamentales, sino que pone en riesgo la calidad y sostenibilidad del propio sistema de atención social, generando un impacto directo en la salud mental, la motivación y la permanencia de las y los profesionales.

Romero ha indicado que el informe destaca "porque son respuestas de los propios trabajadores" y habla de "precariedad y de que es un sector hiperfeminizado, con salarios bajos y desprotección".

Ha subrayado la necesidad por parte de las de las empresas de hacer políticas sociales y ha criticado que está "muy privatizado y son las empresas privadas las que se encargan de toda la gestión cuando debía ser un servicio público"

El informe revela, respecto al déficit sistemático en el cumplimiento de derechos laborales, que el 14 % de las personas trabajadoras cobra por debajo de lo estipulado en su convenio, casi la mitad no ve respetados sus descansos ni horas contractuales y el 31,5 % denuncia incumplimientos de pliegos de contratación pública.

En el apartado de déficit de protección y prevención institucional, revela que el 24 % afirma que su entidad no cuenta con protocolos actualizados y el 22,9 % que existen en papel, pero no se aplican.

Además, existe desgaste emocional y riesgo de fuga profesional. Dos de cada tres profesionales presentan síntomas de estrés, ansiedad o agotamiento extremo y solo el 45,1 % seguiría trabajando en el sector.

Respecto a desigualdades de género, el sector, "profundamente feminizado (el 82,2 % de los encuestados), continúa marcado por brechas salariales, segregación vertical y mayor exposición a la violencia", según el informe, que detalla que "las mujeres, personas LGTBIQ+ y profesionales migrantes enfrentan vulnerabilidades múltiples derivadas de la discriminación estructural".

Además el informe habla de falta de reconocimiento político y social y detalla que "pese a ser pilar del Estado del Bienestar, continúa relegado a una posición secundaria frente a otros sectores públicos".

Ante esta situación se recomienda, entre otras medidas, homologar las condiciones laborales en todo el territorio garantizando la igualdad salarial, la estabilidad y la protección y elaborar un convenio marco estatal con cláusulas de género, salud laboral y prevención.

También reclama introducir cláusulas sociales obligatorias en todos los pliegos de contratación pública, dotar de recursos humanos y económicos a las Inspecciones de Trabajo y de Servicios Sociales, crear un Protocolo Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Laboral, incluir la perspectiva de género en todas las políticas laborales y de prevención e incorporar el sector como servicio público esencial al mismo nivel que la sanidad o la educación.

El informe afirma que es, al mismo tiempo, "una denuncia y una hoja de ruta: denuncia un sistema que se sostiene sobre el sacrificio silencioso de sus profesionales, y propone cambios estructurales para construir un modelo digno, protegido y sostenible". EFE