Bruselas expedienta a España por no simplificar requisitos de información de alimentos, ruido y derecho de pacientes

El expediente sancionador que afecta a una docena de Estados miembros de la Unión Europea, incluido España, empezó con el envío de una carta de emplazamiento del Ejecutivo comunitario. Según informó la Comisión Europea, las autoridades nacionales disponen de dos meses para corregir las discrepancias antes de que la Comisión evalúe la continuación del proceso hacia instancias judiciales.

El medio detalló que la institución comunitaria abrió un procedimiento formal de infracción a España por no haber adaptado la legislación nacional a las disposiciones comunitarias que simplifican los requisitos de información sobre alimentos y sus ingredientes, ruido ambiental, derechos de los pacientes y regulación sobre equipos radioeléctricos. Además de España, la medida afecta a República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia, todos señalados en el mismo proceso coordinado desde Bruselas.

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Europea, el objetivo de la directiva de simplificación es facilitar la presentación de información obligatoria y reducir la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas, sin que se vea afectado el nivel de protección existente en cada materia. La iniciativa busca actualizar y armonizar los procedimientos formales en las áreas afectadas de modo que el acceso a la información y el cumplimiento de los estándares europeos resulten más eficientes en todos los Estados miembros.

La apertura del proceso responde al incumplimiento por parte de los Estados expedientados de los plazos y requisitos establecidos para trasladar las normas europeas a su derecho interno. Tal como publicó la Comisión, el procedimiento contempla varias etapas: una primera advertencia, el envío de la carta de emplazamiento que se notificó en esta ocasión, un posible dictamen motivado si persisten las irregularidades, y finalmente la posibilidad de que el caso sea remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El valor de esta normativa reside en asegurar que los consumidores, pacientes e industrias cuenten con reglas claras, ágiles y armonizadas en el contexto europeo. Según explicó la Comisión Europea, la directiva pretende que los sistemas nacionales se adapten a enfoques más racionales y menos burocráticos en la gestión de permisos, etiquetados y derechos básicos vinculados a los sectores afectados. La reducción de trámites y duplicidades figura como una de las motivaciones principales para impulsar la reforma.

Al describir el procedimiento, la Comisión subrayó que los países señalados todavía tienen la oportunidad de evitar que la disputa escale a los tribunales europeos si cumplen en el plazo de dos meses. Si las autoridades nacionales ofrecen una respuesta satisfactoria y alinean sus sistemas con las exigencias europeas, el expediente se cerrará sin consecuencias adicionales. Por el contrario, si la respuesta no resuelve los incumplimientos, la Comisión emitirá un dictamen motivado, lo que abre un nuevo periodo de uno o dos meses para el diálogo entre ambas partes.

En el caso de mantener las deficiencias, la Comisión podrá proceder a la tercera fase del proceso, que implica presentar una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este mecanismo de resolución judicial constituye la última instancia y puede derivar en sanciones económicas o en la obligación para el Estado infractor de modificar su legislación en plazo.

Las áreas regulatorias involucradas en este proceso abarcan aspectos de alta sensibilidad social, como las garantías de información para los pacientes en el sistema sanitario, la regulación del ruido en espacios públicos o medioambientales, la adecuación del etiquetado y divulgación en los productos alimentarios, y las especificaciones técnicas de equipos radioeléctricos. Cada uno de estos campos supone obligaciones concretas para los Estados miembros y un impacto directo sobre los ciudadanos y empresas.

La Comisión Europea ha recordado que la armonización de reglas persigue la igualdad de condiciones para ciudadanos y operadores en toda la Unión Europea. Según reportó el organismo, el incumplimiento por parte de los países afecta la consecución de ese objetivo y puede generar una fragmentación de derechos y responsabilidades dentro del mercado único europeo, lo que podría redundar en desigualdades y en obstáculos para el funcionamiento de los sectores implicados.

El expediente abierto refuerza el papel de la Comisión como garante de la correcta aplicación de la legislación europea y como impulsor de reformas que permitan una mejor gobernanza en la Unión. La acción emprendida busca recordarle a los Estados miembros su obligación de cumplir de manera eficaz y puntual con las normas que contribuyen a la modernización administrativa y a la protección de los europeos en ámbitos clave para su vida cotidiana.