Un juzgado de Cambados ordena seguir la causa contra 6 investigados por tráfico de drogas y contrabando de narcolanchas

Entre las evidencias más destacadas del caso, el operativo policial intervino cuatro embarcaciones denominadas EAV, comúnmente conocidas como narcolanchas, además de 150.000 euros en efectivo, tres vehículos preparados para ocultar objetos ilegales, así como diverso material informático y telefónico. Estas acciones formaron parte de la fase de explotación de la denominada Operación Ceira, la cual ahora llega a una nueva etapa procesal, ya que el Juzgado de Cambados ha decidido continuar la causa contra seis personas acusadas de delitos vinculados con el tráfico de drogas y el contrabando de embarcaciones, según consignó el medio Europa Press.

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4, finalizó la instrucción de la Operación Ceira, investigación en la que se evaluó la actividad delictiva de once personas, todas presuntamente vinculadas con una red internacional que operaba en la provincia de Pontevedra y tenía conexiones en Portugal. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la jueza solicitó la intervención de Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, con el fin de formar un Equipo Conjunto de Investigación junto con autoridades portuguesas. A través de este esfuerzo conjunto, la instrucción reunió múltiples diligencias y pruebas que, según la magistrada, demuestran indicios suficientes de la comisión de delitos por parte de algunos de los investigados.

Según detalló Europa Press, tras este proceso, el tribunal ha ordenado que las diligencias sigan su curso mediante el procedimiento abreviado contra seis de los investigados. Los delitos que se les imputan incluyen contrabando de embarcaciones catalogadas como género prohibido, tráfico de drogas de las consideradas menos nocivas para la salud, defraudación de fluido eléctrico, y dos delitos de tráfico de drogas catalogados como de grave perjuicio para la salud pública. Junto a estos cargos, la jueza dispuso el traslado al Ministerio Fiscal y, de ser necesario, a las acusaciones particulares presentadas, para que procedan a solicitar la apertura de juicio oral o se pronuncien sobre el sobreseimiento del caso, o soliciten, de manera excepcional, la práctica de diligencias complementarias.

Europa Press reportó que la Operación Ceira desplegó su fase de explotación en octubre de 2024, abarcando distintos puntos de O Salnés, A Coruña y también en territorio portugués. El operativo culminó con la detención de aproximadamente veinte personas y permitió el desmantelamiento de una red criminal que operaba entre Galicia y el norte de Portugal, ampliando su zona de actividad hasta la provincia de Huelva. Como resultado de las acciones policiales, se realizaron diecinueve registros domiciliarios donde se intervino una cantidad relevante de pruebas, incluidas las cuatro narcolanchas, una suma considerable de dinero en efectivo, vehículos con compartimentos ocultos, así como dispositivos electrónicos utilizados presuntamente en la coordinación de las actividades ilícitas.

Según informó el medio, la investigación tuvo su origen a finales de 2022, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal muy estructurada, dedicada a la fabricación, preparación y puesta en funcionamiento de embarcaciones tipo EAV. Estas lanchas, clasificadas como género prohibido, se empleaban para facilitar la entrada masiva de sustancias ilegales en España. Las averiguaciones permitieron descubrir instalaciones ubicadas en Sanxenxo y A Illa de Arousa, donde se realizaban las primeras fases de construcción y ajuste de estas embarcaciones.

Durante el desarrollo de la investigación, los funcionarios de seguridad impidieron la botadura de dos embarcaciones EAV. La primera acción de este tipo tuvo lugar en septiembre de 2023, en la localidad portuguesa de Caminha, específicamente en la freguesía de Lanhelas, donde se frustró el lanzamiento de una lancha al río Miño. Una segunda intervención de características similares ocurrió el 1 de febrero de 2024 en Moguer, provincia de Huelva.

De acuerdo con lo señalado por Europa Press, la operación incluyó acciones coordinadas en ambos lados de la frontera entre España y Portugal. El Equipo Conjunto de Investigación, articulado bajo el amparo de Eurojust, permitió la consolidación de pruebas que vinculan a los acusados con la fabricación y uso de embarcaciones ilícitas, así como la logística internacional necesaria para el tráfico de grandes volúmenes de drogas.

El proceso judicial abierto a raíz de estas actuaciones afecta a los seis principales señalados con la posible comisión de varios delitos. Las próximas etapas del procedimiento dependerán de la decisión de la Fiscalía y las acusaciones sobre si solicitarán que se avance hacia un juicio oral, propondrán el cierre de la instrucción debido a falta de pruebas, o requerirán la ampliación de algunas diligencias. La labor de coordinación internacional ha sido resaltada en el expediente como uno de los factores que han permitido avanzar en la investigación de este tipo de crímenes transfronterizos, según publica Europa Press.