Feijóo carga contra Sánchez por su regularización "masiva" de migrantes: "No tiene derecho a incrementar el censo"

La cifra asociada a la reagrupación familiar podría elevar el número de personas afectadas por la regularización a 800.000, de acuerdo con las estimaciones presentadas. A partir de estos datos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó fuertes críticas hacia el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, acusándolo de promover lo que calificó como una regularización “masiva” de inmigrantes en España. Según informó Europa Press, Feijóo sostuvo que esta decisión contraviene los acuerdos migratorios establecidos por la Unión Europea y denunció la intención del Ejecutivo de modificar el censo poblacional, no solo por medio de la regularización sino también a través de la conocida Ley de Nietos.

El medio Europa Press detalló que, en un acto electoral celebrado en Figueruelas, Zaragoza, junto al presidente aragonés Jorge Azcón, Feijóo remarcó que la política de regularización permitiría otorgar residencia legal sin un examen individualizado, lo que, en su opinión, incentiva la inmigración irregular y convierte la llegada ilegal al país “en una forma de residir” en España. Feijóo insistió en que la regulación de la inmigración debe analizarse caso a caso y no aprobarse con carácter general. Añadió que la medida adoptada por el Gobierno se realiza de manera “simultánea” a la incorporación, bajo la Ley de Nietos, de más de dos millones de personas al censo, mediante la obtención de la nacionalidad española.

El líder de la oposición cuestionó la legitimidad democrática del Gobierno para implementar estos cambios sin debate parlamentario. Según publicó Europa Press, Feijóo señaló que “si se quiere abordar la inmigración irregular, debe tratarse en el Congreso y votarse”. Consideró que el Ejecutivo no tiene derecho a “incrementar el censo de españoles” con mecanismos como la Ley de Nietos o la regularización de más de 800.000 personas en situación irregular. Feijóo agregó que, según sus cifras, durante el mandato de Sánchez, la población en situación irregular en el país aumentó un 685%.

En su intervención, Feijóo calificó la regularización como una acción “doblemente irresponsable”, dado que la suma de ambas medidas —regularización masiva y Ley de Nietos— podría suponer la integración en el censo de hasta 2,8 millones de nuevos ciudadanos. Según Europa Press, Feijóo opinó que esta decisión responde, además, a la intención de desviar la atención pública tras los accidentes ferroviarios sucedidos en Adamuz y Gélida, donde fallecieron 46 personas. Expresó su rechazo a lo que describió como un intento de dejar de lado la discusión sobre la “negligencia ferroviaria” mediante un debate sobre inmigración irregular.

El presidente del PP también calificó la iniciativa como una “cortina de humo” e “inhumana”, alegando que contradice la normativa europea y la autoridad del Congreso de los Diputados y las Cortes Generales para debatir y aprobar cambios transcendentales en materia migratoria. Sostuvo que la mayoría parlamentaria actual tampoco respalda la iniciativa y manifestó que el Gobierno está decidido a avanzar en esta dirección pese a la oposición política y social.

Fuentes de la dirección del PP citadas por Europa Press manifestaron su desacuerdo ante lo que consideran un aumento del censo en 2,4 millones de personas a través de la obtención de nacionalidad de origen, atribuido a la Ley de Nietos. Plantearon su preocupación por el posible impacto electoral, dado que estas personas tendrían derecho a votar en futuras elecciones, incluso si nunca residieron en España. Además, cuestionaron las motivaciones del Ejecutivo y especularon sobre un posible interés en aumentar el caudal electoral mediante la regularización de más de 800.000 inmigrantes irregulares tras el acuerdo entre PSOE y Podemos.

Por otra parte, Europa Press reportó que el Gobierno estima que el número total de personas beneficiadas por la regularización no superaría las 500.000 y aseguró que dicha medida extraordinaria no supondría un impacto presupuestario ni en la dotación de personal público, contradiciendo las afirmaciones del PP sobre las consecuencias administrativas y económicas del proceso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también expresó su oposición desde un evento en San Sebastián de los Reyes. Según consignó Europa Press, Ayuso opinó que la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno generará obstáculos para la gestión de los servicios públicos y atribuyó la medida a “fines electoralistas”. Calificó la decisión de “profundamente irresponsable”, opinando que representa “una trampa” que puede modificar el censo electoral. Ayuso afirmó que las autoridades nacionales no manejan adecuadamente la información ni las cifras relacionadas y sostuvo que la medida corresponde a una estrategia para modificar el debate público mediante una “cortina de humo”.

El debate sobre los efectos, el procedimiento y las consecuencias sociales de la regularización migratoria, así como la inclusión de nuevos ciudadanos a través de la Ley de Nietos, mantiene dividido al escenario político español. Según Europa Press, mientras el Gobierno defiende el alcance limitado de la regularización e insiste en la transparencia del proceso, la oposición advierte sobre sus posibles repercusiones en el censo electoral, la normativa comunitaria y la gestión de los servicios públicos en el corto y medio plazo.