Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, preguntó públicamente en una red social: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso", recordando una frase empleada por Pedro Sánchez durante la campaña electoral de 2019, cuando abordaba asuntos relativos a la política judicial. Esta declaración se enmarca en las críticas manifestadas por los representantes del principal partido de la oposición respecto al inicio del proceso de tramitación solicitado de manera particular para un posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. El pronunciamiento de Gamarra apuntó directamente al Ejecutivo y su práctica en materia de indultos, presentándolo como un caso en que el “sanchismo indulta al sanchismo”, tal como reportó Europa Press.
Según detalló el medio Europa Press, el Ministerio de Justicia inició el procedimiento tras recibir una solicitud formal de indulto realizada por dos ciudadanos particulares. Posteriormente, la petición fue trasladada al Tribunal Supremo, órgano que dictó la sentencia de inhabilitación por dos años contra García Ortiz, por el delito de revelación de secretos. La intervención del Supremo resulta preceptiva en estos procesos, dado que debe manifestar su posición sobre la solicitud elevada.
La gestión del trámite por parte del Gobierno ha sido cuestionada por diferentes figuras del Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, empleó también la red social X para acusar al Ejecutivo de practicar una autoindulgencia institucional, afirmando: “El sanchismo se indulta a sí mismo”. Estas opiniones reflejan la postura crítica sostenida por el PP, que asocia el trámite abierto para el ex fiscal general con otros episodios recientes de concesión de medidas de gracia.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, expresó en declaraciones a medios recogidas por Europa Press, al finalizar un acto público con el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que este tipo de indultos “no es lo que piden los españoles”. Bravo vinculó la solicitud de perdón a una tendencia que, según él, se repite en el Gobierno, aludiendo especialmente a los indultos otorgados a los condenados por el proceso secesionista catalán.
La condena contra Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo, lo inhabilita durante dos años para ejercer su cargo debido al delito de revelación de secretos. Los trámites en curso para el indulto, solicitados inicialmente por personas ajenas a la estructura institucional, siguen los procedimientos habituales, requiriendo informe del órgano sentenciador antes de una posible decisión final por parte del Ejecutivo, tal y como recoge Europa Press.
Las manifestaciones de los representantes populares insisten en relacionar este caso con un patrón en la gestión de indultos vinculados a episodios judiciales de alto perfil, sosteniendo que la medida representa una nueva muestra de actuaciones reiteradas bajo el actual Ejecutivo. Las críticas han puesto de relieve la percepción de que el Gobierno adopta resoluciones favorables hacia figuras relacionadas políticamente con su entorno, especialmente en contextos que han generado polémica pública en etapas previas.
El proceso legal para la tramitación de un indulto en España implica la recepción formal de una solicitud, la remisión al Tribunal sentenciador para recabar su opinión y, finalmente, la deliberación del Gobierno respecto a la conveniencia de conceder o denegar la medida de gracia. Según detalló Europa Press, en este caso particular el Ministerio de Justicia comunicó puntualmente la decisión de proceder tras recibir la petición, confirmando que el trámite iniciado responde a las reglas ordinarias establecidas en la normativa vigente.
Las posiciones expresadas en el ámbito político han centrado el debate en la proporcionalidad y en las motivaciones de la concesión de indultos, especialmente en el contexto de sentencias relacionadas con cargos de relevancia institucional. Los comentarios de los dirigentes del PP, reproducidos por Europa Press, plantean interrogantes sobre la independencia en los procesos judiciales y la relación entre responsables políticos y decisiones gubernamentales en esta materia.
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