La carta que Sociedad Civil Española tiene previsto enviar a Bruselas incluirá la denuncia de presiones políticas sobre la justicia española y advertirá de riesgos institucionales asociados a la aprobación de la Ley de Amnistía. Según detalló el medio, el escrito irá dirigido al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath, e incorporará el respaldo de 130 asociaciones que integran la plataforma. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho son objetivos fundamentales de su acción.
De acuerdo con la información publicada, Sociedad Civil Española se opone a la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual permite la amnistía de una parte considerable de los condenados por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En la comunicación dirigida a la Unión Europea, también se menciona el caso de Carles Puigdemont, quien permanece fuera de España y espera acogerse a los efectos de esta ley.
Según consignó el medio, Sociedad Civil Española ha organizado para mañana una convocatoria a medios de comunicación, donde participarán figuras como Marcos de Quinto, secretario de Pie en Pared; Alejo Vidal Quadras, presidente del Foro Libertad y Alternativa; y Amalio de Marichalar, coordinador de De español a español por la Constitución. En ese encuentro se informará sobre la actuación urgente que las asociaciones consideran necesaria para proteger la independencia judicial, el Estado de Derecho y los principios democráticos en el contexto de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.
La organización calificó la normativa como una medida de “autoamnistía”, afirmando que su aprobación obedeció a compromisos políticos adquiridos a cambio de apoyos para la investidura del presidente del Gobierno. Sociedad Civil Española sostiene que en el ámbito jurídico existen numerosos argumentos ampliamente aceptados en España en contra de la citada ley.
El medio indicó que la plataforma ha emitido críticas a las declaraciones hechas por el presidente Pedro Sánchez el 15 de diciembre, cuando defendió la legalidad de la Ley de Amnistía apoyándose en informes de la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sociedad Civil Española rechaza esa interpretación y acusa al presidente del Gobierno de realizar una “intromisión inadmisible” en la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el organismo todavía no ha emitido un fallo.
Durante el acto previsto para mañana, Sociedad Civil Española anunciará también una concentración pública para el viernes 30 de enero, a las 17.30 horas, en la Plaza de España de Cádiz, bajo el monumento a la Constitución. Según publicó el mismo colectivo, la manifestación busca exigir el respeto a la Constitución, la autonomía del poder judicial y el cumplimiento del Estado de Derecho, manteniendo sus reivindicaciones fuera de cualquier alineación partidista.
Sociedad Civil Española insistió, de acuerdo con el medio, en la necesidad de trasladar a las instituciones europeas su preocupación por la situación jurídica e institucional en España. El objetivo, afirman sus representantes, es llamar la atención de las autoridades comunitarias ante lo que interpretan como riesgos para la democracia y la separación de poderes que derivarían de la aplicación de la Ley de Amnistía.
La carta remitida al comisario Michael McGrath, según describió el medio, argumenta que la normativa supone una anomalía en el ordenamiento jurídico español y la percibe como resultado de presiones políticas derivadas de la composición parlamentaria. El texto hace un llamamiento expreso a la Unión Europea para que vele por los estándares mínimos de respeto al Estado de Derecho dentro de sus Estados miembros.
Entre las asociaciones firmantes se encuentran colectivos que, según especifica la organización, representan una amplia diversidad de posiciones dentro de la sociedad civil, pero comparten el objetivo común de salvaguardar la legalidad y los principios democráticos en España. Sociedad Civil Española agrega, según el medio, que la iniciativa busca fomentar el debate público y sensibilizar tanto a la sociedad como a las instituciones europeas sobre las implicaciones de la Ley de Amnistía.
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