La Audiencia de Navarra reabre la investigación sobre la supuesta venta de una menor de 14 años para casarse

La resolución judicial destaca la existencia de pruebas fotográficas presentadas por un testigo donde aparece la menor, junto a su supuesto esposo y los padres de éste, participando en la celebración de una boda. Según informó la Audiencia de Navarra, este elemento fotográfico se suma a otros indicios relevantes en la investigación sobre la presunta venta y matrimonio forzado de una adolescente de 14 años, caso que ha motivado la reapertura de diligencias ordenada por la Sección Primera de la Audiencia.

De acuerdo con el medio, el tribunal ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra el sobreseimiento que había decretado el 6 de noviembre el juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, argumentando que el cierre de la causa resultaba “absolutamente prematuro”. El fallo judicial sostiene, según recoge la Audiencia de Navarra, que subsisten motivos suficientes para continuar la investigación en torno a un posible caso de trata de seres humanos, coacciones y otras infracciones relacionadas con la presunta entrega de la menor por parte de sus padres, quienes habrían recibido 5.000 euros por casarla con un joven de 21 años.

Según detalló la Audiencia de Navarra, en enero de 2025 se localizó a la menor en el domicilio de la familia que la habría recibido tras el acuerdo. Además del episodio principal, el auto del tribunal recoge que existen otras evidencias que han fortalecido las sospechas sobre los investigados. Entre ellas, se encuentran informaciones relacionadas con la participación de la adolescente en la mendicidad y presuntos actos delictivos. Así, consta en el expediente que el 9 de septiembre de 2025, la policía catalana halló a la menor en Bellpuig solicitando dinero y enfrentándose con personas en la vía pública. El 4 de octubre de ese mismo año fue nuevamente identificada en Borges Blanques, donde, según publicó la Audiencia, fue recogida en ambas ocasiones por individuos investigados con residencia en Lérida. Estas personas aseguraron a la policía ser familiares de la menor, argumentando que los padres, domiciliados en Zaragoza, les habrían confiado su custodia por motivos laborales, y aportaron una partida de nacimiento afirmando que la joven residía allí para estudiar.

En el análisis de la situación escolar, el tribunal especifica que la menor no se encuentra inscrita en ningún centro educativo, situación que representa una vulneración tanto de derechos como de obligaciones previstas en la Constitución Española y la Ley Orgánica de Educación. Tal como indicó la Audiencia, la ausencia de escolarización puede acarrear sanciones para los padres, que van desde multas hasta penas de prisión de 3 a 6 meses por incumplimiento de la patria potestad, según el artículo 226 del Código Penal. Los magistrados también advierten sobre la posibilidad de medidas civiles, como la suspensión de la patria potestad o la declaración de desamparo, si se considera que la desatención al menor es grave y prolongada.

El medio explicó que, pese a lo declarado por la menor en el proceso judicial —donde negó reconocerse como víctima de delito—, el tribunal ha subrayado que esta declaración no constituye una evidencia concluyente sobre la inexistencia de delito. La Audiencia sostiene que el estatus de víctima no depende únicamente de la percepción de la implicada, remitiéndose a lo estipulado en el Estatuto de la Víctima, que establece la necesidad de garantizar protección especial, apoyo y tutela incluso cuando la víctima no manifieste expresamente su condición.

Entre los riesgos detectados, el tribunal señala la posibilidad de que los recurrentes hayan concertado el matrimonio y venta de la menor, entregándola a una familia de origen rumano radicada en Lérida. En este contexto, y teniendo en cuenta los indicios de criminalidad, la Audiencia describe como adecuada la medida de alejamiento impuesta, desestimando la procedencia del sobreseimiento y ratificando la continuidad del proceso.

Sobre las diligencias que serán practicadas, la resolución contempla la toma de declaración al testigo que, según el tribunal, ha reportado amenazas por parte de la familia de la menor tras haber aportado información clave. Estos datos incluyen los perfiles en redes sociales del supuesto esposo y la joven, las imágenes vinculadas con el presunto enlace matrimonial, el monto de la transacción y la ubicación en la que fue encontrada la adolescente.

Paralelamente, la Audiencia de Navarra ha requerido a los Mossos d’Esquadra de Lérida la presentación de informes relativos a la familia acogedora, con el objetivo de clarificar si mantienen vínculos con actividades delictivas y precisar sus medios de vida, además de recabar versiones sobre las intervenciones que los agentes efectuaron con la menor en las fechas mencionadas.

Otra de las actuaciones dispuestas por el tribunal consiste en la solicitud de informes sociales a los servicios sociales de base de Corella, para obtener una evaluación sobre la situación familiar, social y escolar de la menor en su entorno. De este modo, el auto busca aportar criterios para entender el alcance de los posibles daños y las condiciones en las que se ha producido el presunto delito.

Según subraya el documento judicial, la protección de la menor requiere de mecanismos específicos de tutela, dada la persistencia de un riesgo elevado para su integridad física, psicológica y el ejercicio de sus derechos. Este entorno de vulnerabilidad, advierte la Sala, justifica la necesidad de proseguir la indagación penal y social, así como de intensificar el seguimiento institucional de la situación de la adolescente.