Junts ve un "chantaje" subir las pensiones en un decreto ómnibus y propone una medida específica

Junts registró una proposición de ley que contempla exclusivamente la revalorización de las pensiones para 2026, con el argumento de que la protección a los pensionistas debe debatirse de forma aislada y transparente. Según informó Europa Press, la formación independentista catalana criticó al Gobierno central por incluir la subida de las jubilaciones dentro de un decreto ómnibus que también reúne otras disposiciones sociales. Este paquete legislativo, que será sometido a votación en el Pleno del Congreso, carece por el momento de los apoyos suficientes para su convalidación.

El decreto, conocido como prórroga del escudo social, integra la actualización de las pensiones en un 2,7% de manera general para el próximo año, así como diversas medidas de protección para colectivos vulnerables. Entre estas, figura la extensión de la prohibición de desahucios y la interrupción del suministro de agua, luz y gas para aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, Junts expresó su desacuerdo con este método de tramitación, al considerar que se fuerza la aprobación conjunta de iniciativas que responden a intereses y problemáticas distintas.

La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, condenó lo que describió como una utilización de los pensionistas como “chantaje político” por parte del PSOE. Nogueras afirmó, citada por Europa Press, que “el PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable”. En la visión de Junts, la práctica de agrupar disposiciones dispares en un solo decreto representa una táctica reiterada del partido gobernante para condicionar el voto sobre temas sensibles.

Europa Press señaló que este contexto no es nuevo en el Congreso. Hace un año, la formación independentista, sumando sus votos a los del Partido Popular y Vox, contribuyó a la derogación de otro decreto ley ómnibus. En esa ocasión, distintas fuerzas políticas consiguieron frenar la aprobación de un paquete normativo que agrupaba materias consideradas inconexas.

Respecto a las restricciones al desahucio incluidas en el decreto, Junts manifestó una preocupación adicional. Según recogió Europa Press, la formación sostiene que las limitaciones para desalojar a personas por ocupación o impago de alquiler “castigan a pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente”. Este planteo introduce el debate sobre el impacto de las políticas sociales en diversos perfiles de la población, como los jubilados que dependen de ingresos adicionales.

La proposición de ley registrada por Junts propone asegurar una actualización del 2,7% para todas las pensiones con carácter general, aplicándose retroactivamente a partir del 1 de enero de 2026. El texto presentado por el grupo incluye tanto las pensiones contributivas como las no contributivas y, además, contempla la mejora de las principales prestaciones sociales. Según defendió Miriam Nogueras, “la revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver”, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La discusión de este decreto en el Pleno del Congreso ha sido marcada por la incertidumbre parlamentaria, ya que el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría necesaria para su convalidación. Europa Press detalló que la existencia de tensiones previas entre el Gobierno y diversos grupos, incluyendo Junts, ha configurado un escenario de negociación complejo, en el que el respaldo a las medidas sociales puede depender de la formulación y contenido específicos de los textos legales sometidos a votación.

La estrategia seguida por Junts busca que el incremento de las prestaciones para jubilados y pensionistas quede exento de otras medidas que afectan a diferentes sectores sociales, argumentando que este enfoque facilita la transparencia y el control parlamentario sobre asuntos que impactan de manera directa en cientos de miles de personas. La formación ha insistido, según reportó Europa Press, en que iniciativas tan relevantes como la mejora de las pensiones no pueden quedar vinculadas a cuestiones ajenas por razones de conveniencia política.