'Alvise' reconoce mensajes pero niega que pretendiera acosar a dos eurodiputados que fueron en su lista

Tras comparecer ante el Supremo, Luis 'Alvise' Pérez insistió en que su objetivo nunca fue hostigar a los antiguos miembros de su formación, quienes denunciaron haber recibido amenazas y sentirse inseguros tras la divulgación de información personal

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El testimonio presentado ante el Tribunal Supremo indica que los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes anteriormente conformaron parte de la lista electoral encabezada por Luis 'Alvise' Pérez para los comicios europeos, denunciaron una serie de hechos que, según lo consignado por Europa Press, alteraron sus rutinas y pusieron en duda su seguridad personal y la de sus familias. Ambos dirigentes relataron al magistrado instructor cómo comenzaron a recibir una cantidad significativa de mensajes ofensivos y amenazas tras la difusión de sus direcciones de correo electrónico, números telefónicos y perfiles en redes sociales, hechos que atribuyen a la publicación de información personal por parte de 'Alvise' en un canal de Telegram y en su pódcast.

De acuerdo con Europa Press, Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), compareció este lunes ante el Tribunal Supremo, donde reconoció la existencia de mensajes relacionados con los dos querellantes, pero negó que su objetivo haya sido acosarles. La comparecencia ante el magistrado Manuel Marchena se realizó a petición de Pérez, quien manifestó su disposición a declarar de forma voluntaria antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el posible levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Tras finalizar su declaración ante el tribunal, Pérez expresó ante los medios: “Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó, creo que va a archivarse”.

El Tribunal Supremo admitió a trámite la denuncia penal que Solier y Junco presentaron en junio contra el líder de SALF. Según expusieron estos eurodiputados ante el instructor, ambos sufrieron una campaña persistente de hostigamiento en redes sociales a raíz de las publicaciones de 'Alvise', tanto en un pódcast como en el mencionado canal de la aplicación Telegram. Los demandantes sostienen que la divulgación de datos personales derivó no solo en una gran cantidad de mensajes amenazantes, sino también en el desarrollo de un temor real por su integridad física al revelarse públicamente los lugares que frecuentaban o sus próximos desplazamientos.

El medio Europa Press detalló que los eurodiputados se vieron impulsados a modificar su vida cotidiana y restringir su actividad pública debido a la exposición de información confidencial. Para prevenir nuevos incidentes, ambos cerraron algunas de sus redes sociales, restringieron comentarios en otras y dejaron de contestar llamadas de números desconocidos. Manifestaron que con posterioridad a la filtración experimentaron una avalancha de correos electrónicos, cifrada en “miles”, la mayoría de ellos con insultos y amenazas. Esta situación, según relataron a la Sala de lo Penal del Supremo, llegó a dificultar de manera notable tanto su labor parlamentaria como su vida familiar, a lo que se sumó “el constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido”.

Tras abandonar la formación de 'Alvise', Solier y Junco optaron por incorporarse al grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, alineado con el partido Hermanos de Italia de la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. Europa Press precisó que ambos respaldaron al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de la Fundación Atenea. En el contexto de esta transición política, los eurodiputados hicieron énfasis en la exposición hostil de la que reconocieron ser objeto tras su salida del partido, lo que, a su entender, fue alentado explícitamente por 'Alvise' ante su audiencia.

El Tribunal Supremo evaluó que la conducta de Pérez podría adecuarse a posibles delitos de acoso y de revelación de secretos, ya que, según se subrayó en el auto, existieron llamamientos concretos—tanto en el pódcast como en Telegram—para que un grupo amplio de seguidores expresase una actitud reiteradamente hostil hacia los denunciantes. El tribunal puntualizó que, a través de estos canales, 'Alvise' facilitó y divulgó asuntos personales e identificativos de los afectados y que esas acciones continuaron pese a que muchos de sus seguidores ya habían manifestado de forma explícita intenciones de alterar el normal desarrollo de vida de Solier y Junco. El auto recoge también que el líder de SALF persistió en sus exhortaciones a sus seguidores para que increparan a ambos eurodiputados como reacción a su posicionamiento político.

Europa Press reprodujo algunas de las frases pronunciadas por 'Alvise' el pasado 20 de abril en un pódcast, donde llegó a declarar: “Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado”.

El caso que enfrenta 'Alvise' Pérez no es el único abierto contra él en el Tribunal Supremo. Según el medio, existen otras tres investigaciones en curso: una por la difusión de una supuesta PCR falsa atribuida a Salvador Illa, actual presidente de Cataluña y exministro de Sanidad; otra relacionada con el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y una más acerca de la posible financiación ilegal de SALF, con base en la recepción de 100.000 euros por parte del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.

El desarrollo del proceso, según Europa Press, continúa pendiente de la autorización parlamentaria sobre la inmunidad de Pérez, aunque la voluntad de comparecencia anticipada del eurodiputado propició su declaración formal ante el instructor. La resolución final dependerá de la valoración judicial de las pruebas aportadas y de la interpretación de las conductas reportadas como posibles infracciones penales, considerando el impacto que las acciones atribuidas han tenido sobre la vida profesional y personal de los denunciantes.