El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñigo Ansola, indicó que los concejales de Getxo sujetos a investigación por supuesta prevaricación en el caso del derribo del edificio protegido ‘Irurak Bat’ aún no han sido oficialmente notificados de su condición en el proceso, conforme detalló El Correo. Ansola aclaró en este sentido que permanece pendiente la decisión sobre si estos cargos serán finalmente juzgados, lo que añade incertidumbre sobre la evolución futura del caso y la situación de los afectados.
La investigación judicial sobre la demolición del histórico palacete ubicado en Getxo se limita actualmente a tres concejales jeltzales, según especificó Ansola frente a los medios, antes de asistir a la gala de los premios Sabino Arana, celebrada en el Teatro Arriaga de Bilbao, reportó El Correo. El dirigente del PNV de Vizcaya hizo estas declaraciones tras conocerse una publicación que señalaba que la Ertzaintza atribuía la responsabilidad del derribo al conjunto de la Junta de Gobierno local, describiendo el acto como un “derribo ilegal”.
De acuerdo con Ansola, la decisión de autorizar la demolición del palacete ‘Irurak Bat’ se adoptó apoyándose en informes favorables de los técnicos municipales, según publicó El Correo. El presidente del BBB subrayó que la licencia correspondiente fue tramitada siguiendo estos informes y que la Junta de Gobierno actuó basándose en tal asesoramiento técnico positivo. Destacó que, hasta la fecha, solo existen tres ediles investigados y subrayó la importancia de aguardar los avances de la investigación antes de determinar si los acusados tendrán que enfrentarse a un proceso judicial.
El Correo recogió además que Ansola insistió en que, hasta el momento, el auto judicial que ratifica la imputación de estos concejales no ha sido notificado formalmente ni a los implicados ni a miembros del PNV de Vizcaya. Según el dirigente nacionalista, los concejales tampoco fueron informados oficialmente durante el domingo sobre su inclusión en calidad de investigados en la causa por el derribo del inmueble protegido.
El caso ha suscitado debate público luego de que la desaparición del palacete ‘Irurak Bat’, considerado un edificio protegido, motivase la intervención de los órganos judiciales y la policía autonómica. El Correo añadió que informes previos ya habían generado controversia por el procedimiento seguido y la integración de los diferentes responsables municipales en la adopción de decisiones urbanísticas.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro político y judicial de los tres concejales afectados, así como sobre la actuación de la Junta de Gobierno Municipal de Getxo en materias de protección patrimonial. Según lo difundido por El Correo, las próximas etapas estarán determinadas por el avance de la investigación judicial y la eventual recepción del auto de imputación por parte de los implicados. La evolución del caso contribuirá a aclarar el alcance de las responsabilidades y la forma en que se gestionó la demolición del inmueble catalogado como protegido en la normativa local.
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